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¿Qué es la Ley de transparencia y bien gobierno. La Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno establece una serie de principios éticos generales
y también de obligaciones concretas para los miembros del
Gobierno, los altos cargos de la Administración General del
Estado y de las entidades del sector público estatal. Es
decir esta norma obliga a los políticos a informar en qué
gastan el dinero público y permite a los ciudadanos
consultar a través de una web las subvenciones, los
contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como
solicitar más información.
¿Cuál es el objetivo?. Pretende incrementar la transparencia
en la actividad de la Administración y reforzar la
responsabilidad de los gobernantes dando el derecho de
acceso a la información pública en España de todas las
personas. Por un lado, reconoce la información de las
instituciones públicas, y por otro lado la obligación de la
instituciones públicas a dar esa información de forma
proactiva.
¿Y si no se da o se oculta información?. La ley establece
cerca de cuarenta de infracciones, la mayoría muy graves, en
materia de gestión económico-presupuestaria y
disciplinarias. El régimen sancionador se divide en tres
ámbitos: “infracciones en materia de conflicto de intereses,
en materia de gestión económico-presupuestaria y en el
ámbito disciplinario”. Además, se incorporan infracciones
derivadas del incumplimiento de la Ley Estabilidad
Presupuestaria. En el caso de infracciones graves, podrá
haber un cese en el cargo político así como una
inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez
años. La ley establece cerca de cuarenta de infracciones, la
mayoría muy graves. La ley impondrá sanciones a los
políticos que oculten facturas, incumplan el límite de
déficit público o no aporten la documentación requerida por
los tribunales o los órganos de fiscalización contable.
Entre las sanciones contempladas por la ley se encuentran:
destituciones de cargos públicos, no percepción de pensiones
indemnizatorias, obligación de restituir las cantidades
indebidamente percibidas y obligación de indemnizar a la
Hacienda Pública. A partir de modificaciones en el Código
Penal y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se
tipificarán infracciones para castigar las conductas más
graves que sean merecedoras de sanciones penales, incluida
la pena de prisión, que podrá oscilar entre uno y cuatro
años de cárcel. Será causa de inelegibilidad el haber sido
sancionado por la comisión de una infracción muy grave de
las previstas en la ley.
¿Cuándo entro en vigor?. La parte correspondiente al Código
de Buen Gobierno entrará en vigor en el momento de la
publicación en el BOE, mientras que la parte de
Transparencia e Información entro en vigor el pasado día 10
de este mes de diciembre. Las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, gracias a una enmienda que el PP introdujo en
el Senado, tendrán hasta dos años de moratoria. Para
entonces ya se habrán celebrado las elecciones locales y
autonómicas previstas para la primavera de 2015. Con este
año ‘extra’ se pretende dar margen a las comunidades que lo
deseen para aprobar su propia legislación en esta materia.
¿A quién afecta?. La ley obliga a ser transparentes a todos
los poderes del Estado, casa real incluida, y al conjunto de
las Administraciones Públicas. También a partidos políticos,
sindicatos, organizaciones empresariales, el Banco de
España, las mutuas laborales y hasta la Iglesia, es decir:
organizaciones cuya información económica sea “relevante”.
Estarán incluidas las entidades privadas que reciban más de
100.000 euros anuales de dinero público o cuando al menos el
40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo
5.000 euros.
¿A qué estarán obligados?. Las instituciones públicas
afectadas estarán obligadas a publicar de forma periódica y
actualizada su organigrama, sus planes programas, objetivos
y actividades, con grado de cumplimiento e indicadores.
También, las directrices, instrucciones, acuerdos,
circulares, respuestas a consultas planteadas, proyectos
legislativos, memorias e informes, y todos sus contratos,
convenios, encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas
públicas concedidas, presupuestos, auditorías e informes de
fiscalización. Publicarán además las retribuciones
percibidas anualmente por sus altos cargos y máximos
responsables y las indemnizaciones que perciban los que
abandonen el cargo, las resoluciones de compatibilidad y las
declaraciones de bienes y actividades de los representantes
locales. Los partidos, los sindicatos, la patronal y las
entidades privadas deberán publicar los contratos y
convenios que firmen con las administraciones públicas y las
subvenciones y ayudas que reciben. Las administraciones
públicas publicarán igualmente la relación de los bienes
inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten
algún derecho real.
¿Quién controlará el cumplimiento de la ley?. El Consejo de
Transparencia y buen Gobierno, de nueva creación, será quien
vele por el cumplimiento de la norma.
¿Por qué es necesaria?. Los ciudadanos podrán saber qué
hacen los gobernantes con sus impuestos. Otra de las razones
por la que es necesaria esta ley es para que haya más
transparencia sobre el funcionamiento de la Administración,
que podría desembocar en una mayor eficiencia de las mismas.
¿En cuánto tiempo se podrá tener la información?. La norma
española contempla la notificación en el plazo máximo de un
mes ampliable a otro mes. El incumplimiento reiterado de la
obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de
infracción grave.
¿Podrá consultar los datos cualquier ciudadano?. La
titularidad del derecho de acceso a la información pública
“se reconoce a todas las personas”.
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COLABORACION
