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Ceuta es la ciudad española que registra la mayor tasa de
paro de un país donde el desempleo se ha convertido en una
importante lacra que está provocando serios quebraderos de
cabeza a los dirigentes políticos.
Esto ha llevado que precisamente hoy, se vaya a firmar en la
Moncloa un Programa Extraordinario para la Activación del
Empleo, el cual forma parte del acuerdo tripartito que el
pasado 29 de julio se alcanzó entre las centrales
sindicales, el Gobierno y los empresarios.
A este respecto, tal y como se ha avanzado desde UGT, se
trata de un programa “necesario” que obedece a “una
reivindicación sindical desde hace tiempo”, pues los
sindicatos llevan emplazando a este Gobierno y al anterior a
que se ponga en marcha un plan de recuperación del empleo y
de protección a las personas desempleadas.
UGT recuerda que “esta crisis está provocando un aumento del
paro estructural”, que hay cerca de 3.300.000 parados de
larga duración (es decir, 6 de cada 10 personas desempleadas
llevan más de un año en paro), porcentaje que en Ceuta se ve
seriamente aumentado, y que a esta situación se une la falta
de protección.
Así la central sindical recuerda que según los Servicios
Públicos de Empleo, sólo el 57% de los desempleados tienen
cobertura económica, lo que supone una pérdida de 20 puntos
respecto a 2010 y de 13 puntos en esta legislatura.
Los dos grandes objetivos del Programa son: primero,
proteger a las personas en riesgo de exclusión y pobreza (la
última Encuesta de Condiciones de Vida del 2013 habla que el
40% de los desempleados están en riesgo de pobreza) y
segundo, “y quizás más importante”, facilitar la reinserción
laboral de las personas a las que va dirigido el programa
(parados de larga duración, con cargas familiares, que
llevan al menos 6 meses sin percibir ninguna prestación del
sistema de protección por desempleo). Es decir, un colectivo
entre 400.000-450.000 personas. La propia Ley General de
Seguridad Social, regula algunos de los requisitos para ser
destinatario de este Programa referentes a las
responsabilidades familiares y la situación de especial
necesidad (tener, al menos, una persona a cargo y no tener
ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional, (SMI). La cuantía de la prestación será de
426 euros y el coste estimado del Programa será de unos
1.000-1.200 millones de euros
Desde UGT se ha manifestado que este programa, de carácter
plurianual, tendrá una vigencia hasta el 15 de abril de 2016
y que los sindicatos han insistido en su seguimiento y
evaluación, de manera periódica, con el fin de mejorar los
resultados. La última evaluación debe producirse tres meses
antes de su finalización, en enero de 2016, para ver si es
necesaria su prórroga en función de la situación del
desempleo, el número de parados de larga duración y en base
a la cobertura.
Asimismo, destaca que este Programa es también un
“compromiso que vincula a las CCAA”, porque les corresponde
las competencias en materia de políticas activas
(orientación profesional, políticas de formación de los
desempleados y de contratación directa, tanto en el sector
público como privado). Otro campo de intervención de las
CCAA, suscrito en el Acuerdo tripartito de Julio, es el que
hace referencia a “establecer un mapa del conjunto de las
prestaciones en nuestro país”, de tal forma que las personas
que no cumplan los requisitos del Programa, puedan entrar
dentro de los programas asistenciales de las CCAA.
Igualmente, UGT ha enumerado tres cuestiones fundamentales
de este Programa: contribuye a luchar contra las
desigualdades, que en nuestro país están creciendo, impulsa
las políticas activas de empleo (esenciales para combatir el
paro estructural) y permite proseguir con el diálogo social
suscrito en el Acuerdo tripartito de julio “porque si no el
diálogo social no habría tenido más recorrido”. Ahora está
pendiente el programa de las rentas mínimas y el mapa de las
prestaciones, y los sindicatos han emplazado al Gobierno a
que cumpla con dos compromisos suscritos en el Acuerdo
tripartito de julio: la mesa de los empleados públicos, para
determinar los salarios y el empleo en el sector público y
la mesa sectorial y de políticas industriales.
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union general de trabajadores
