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Si las necesidades y demandas sociales de la ciudadanía
fueran atendidas y escuchadas con plenitud e integridad,
desde el respeto y la dignidad, que como ciudadanos y
ciudadanas, nos merecemos. Si el gobierno, tuviera en cuenta
realmente a la ciudadanía y su interés global; si fomentara
y promoviera nuestra participación desde la prioridad y la
igualdad, desde la calidad y la salvaguarda y en definitiva,
desde nuestro bienestar. Si los poderes públicos
comprendiesen y alcanzasen a percibir que hablar de gestión
y política social actual en Ceuta, es hablar de ineptitud y
fracaso constante, de caridad arraigada y de falta de
soluciones reales y efectivas; la situación, el bienestar y
la eficiencia en la gestión y la repercusión de la misma,
con respecto a la ciudadanía, mejorarían considerablemente y
no brillarían por su ausencia como lo hacen actualmente.
Pues por mucho que los poderes públicos quieran primar el
oscurantismo y se empeñen en desvirtuar y manipular los
datos observables buscando siempre el beneficio de sus
intereses, con aparentes e inexistentes pinceladas de cambio
y de bienestar, así como, proclamar activamente que la
situación es la “apropiada”; la situación y la falta de
respuesta en solventar y dar una solución óptima e integral
a las necesidades y demandas sociales más básicas de la
ciudadanía, continúan (y continuarán, hasta que no se
efectúen acciones encaminadas a satisfacer la realidad)
siendo un terreno desconocido y turbulento en el que el
gobierno como autoridad de la gestión pública “navega a la
deriva” sin saber defender y proteger el bienestar de su
ciudadanía y de sobretodo de quienes más lo necesitan.
Las autoridades y responsabilidades públicas del PP, se
“llenan la boca” con la “buena marcha” de la organización de
los servicios sociales y mientras se cuelgan medallas
baldías. La realidad social de Ceuta se caracteriza por el
incremento de la desigualdad, la precariedad y la exclusión
social, llegando casi a cerca del 47% de la población ceutí,
que viven bajo el umbral de la pobreza y la privación
material.
Desde el Movimiento por la dignidad y la ciudadanía queremos
denunciar públicamente las trabas y los obstáculos
burocráticos que sufren y padecen quienes más lo necesitan y
que por mucho que el gobierno quiera o/e intente “vender”
esperanza y mejorías, la situación de desprotección es
totalmente constatable y verificable. La gestión no está, en
absoluto en el camino de la eficiencia pero sí, en el de la
ineptitud e irresponsabilidad. Las tramitaciones de las
demandas y las “fórmulas” de gestión, estructuración y
respuesta continúan alargándose, con esperas, “papeleos” y
tardanzas burocráticas en la acogida, intervención y demás
procedimientos de este tan olvidado bienestar ceutí.
Los y las demandantes de los servicios sociales, para que
puedan solicitar (e incluso “implorar”) sus derechos y poder
así, solventar sus necesidades básicas, han de esperar meses
para una “cita” de valoración, así como, otra larga espera
en la que una vez alcanzada la resolución, han de volver a
esperar y esperar en inaguantables y largas colas. Esperas
en “colas nocturnas”, que siguiendo la línea estratégica de
distorsión del PP, solo han cambiado de ubicación, han
pasado con el paulatino desmantelamiento de los Servicios
Sociales, de las UTS a las correspondientes Ong´s con
convenios. Pero obviamente desde el calor del despacho de
gestión no se puede contemplar.
Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, a fin
de aminorar y reducir las trabas y dificultades por las que
atraviesan y se topan con alevosía la ciudadanía. Hemos
estado proponiendo a través de nuestra compañera Fátima
Hamed, una serie de propuestas y alternativas con las cuales
agilizar los trámites y sobretodo el malestar, la
preocupación e indefensión, entre ellas la de instar a la
ciudad a la apertura en horario de tarde, la de desarrollar
una gestión de citas y/o la implantación de un servicio
telefónico que informase de las prestaciones y recursos a
los que la ciudadanía como tal puede optar.
Ofrecer bienestar y compromiso supone apostar por un modelo
social integral y operativo encaminado a satisfacer las
necesidades de la ciudadanía desde la eficiencia y la
responsabilidad. Los poderes públicos no tienen excusas
(salvo la de la falta de voluntad) para no implantar
alternativas que permitan mejorar la calidad de la gestión
de los Servicios Sociales y por consiguiente mejorar la
calidad de vida de su ciudadanía desde la equidad, la
justicia, el derecho y la igualdad de oportunidades.
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OPINIÓN
/
COLABORACION
