OPINIÓN - JUEVES, 11 DE DICIEMBRE DE 2014

Estado de demolición

Por Juan Manuel Verdugo

Existe en nuestro derecho procesal civil un proceso específico que faculta a aquél cuya integridad corre peligro como consecuencia del estado ruinógeno de una obra a interponer una demanda interesando la demolición de la misma. Diríamos que esa acción que el derecho positivo otorga al particular, el derecho natural con el actual estado de cosas se la está otorgando a la ciudadanía que ve impávida como un Gobierno, Parlamento y Partido Político se encuentran en un estado de descomposición permanente que amenaza estado de ruina inminente y que por tanto a la vista de las circunstancias concurrentes, únicamente cabe su demolición por la vía de las urnas para construir un tiempo nuevo con otros actores.

Pero remontémonos a hace tres años. El 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular alcanza la mayor cuota de poder político institucional y territorial que una formación política ha alcanzado en nuestra democracia obteniendo un nivel de confianza ciudadana amplísima que le encomienda la ingente tarea de sacar adelante una enorme crisis económica que está asolando nuestro país con casi cinco millones de parados y un elevado nivel de descontento ciudadano y social.

Antes, apenas cinco meses atrás se había hecho con la inmensa mayoría de medianas y grandes ciudades, capitales de provincia, Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas del país, barriendo de paso además al principal partido de la oposición-el Partido Socialista-y obteniendo un sinfín de mayorías absolutas que hacían adicionalmente de la tradicional labor de oposición un brindis al sol con una formación política menguante que alcanzará su mayor nivel de irrelevancia electoral con las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.

Sin embargo, las bases de este estado de ruina en que nos encontramos ya estaban puestas desde hacía más de una década en ese partido político que hoy conforma la mayoría absoluta del Parlamento que sustenta al Gobierno de la Nación. Los viajes y el jaguar de Ana Mato ya se existían desde 1996, las tarjetas black de Blesa ya se instauraron hacía años, los viajes de Monago a cargo del Senado a Canarias ya se habían terminado, las obras en b de la sede de Génova ya se habían ejecutado, las cuentas suizas de Bárcenas, Granados y análogos ya se habían abierto hacía tiempo, hacía tiempo que Fabra siempre brindaba por el Gordo de Navidad y Matas se había construido su Palacete en Palma. Esos eran parte de los cimientos sobre los que se sustentaba la honradez del Partido que en esos momentos alcanzaba el honor y la gloria excelsa del poder elevado a la enésima potencia y que en el fondo únicamente estaban en estado de supuración.

En materia económica los cinco millones de desempleados, una burbuja pinchada y henchida desde hacía una década, la deuda pública y el déficit de nuestras cuentas eran la gran batalla a afrontar por el Gobierno. Sin embargo tres años después, los cinco millones de desempleados siguen ahí a pesar de la salida permanente de conciudadanos buscando un futuro mejor y todo ello con el agravante de que gran parte de los que siguen trabajando han visto menguados sus salarios bien en términos nominales y reales como consecuencia de la reforma laboral o bien en términos reales a consecuencia de una congelación de salarios públicos y privados; el precio de la vivienda no ha dejado de bajar por una disminución de la demanda, un elevado nivel de desempleo, la falta de crédito y el inagotable número de desahucios que hace que la banca se haya convertido en la principal inmobiliaria del país más allá del empobrecimiento y desazón de quienes acaban por no tener ni un techo donde cobijarse; y finalmente el déficit real no ha experimentado en realidad mejoría alguna debido a un rescate financiero de 50.000 millones a las Cajas de Ahorro, de los que casi 38.000 millones han ido a tapar el agujero de Bankia y la CAM. Evidentemente, las bases de la política económica ya estaban puestas hacía una década con una gestión cuasidelictuosa de esas entidades financieras capitalizándose con preferentes, emisiones de acciones que no valían nada o aplicando clausulas abusivas y que han condicionado toda la política económica con subida de impuestos incluida que no ha hecho sino incrementar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, una pérdida de derechos sociales que ha expulsado a universitarios de las universidades por no poder satisfacer las elevadas tasas, enfermos pensionistas que no pueden hacer frente al coste de sus medicinas, justiciables que no pueden hacer valer sus derechos por unas tasas judiciales inasumibles y dependientes que han visto como se degradaba su calificación eliminando las ayudas económicas que le hacían la vida un poco menos dura. Todo ello además acompañado de una creciente desigualdad que ha hecho languidecer y estrechar a las clases medias al tiempo que aumentaban las fortunas de unos pocos beneficiarios de las políticas auspiciadas desde Bruselas y ejecutadas disciplinadamente por el Gobierno.

En materia de valores, la traición efectuada por el Partido Popular a parte de su electorado natural estaba también ya cimentada años atrás con la irresponsable política en materia de oposición a determinadas acciones del Gobierno precedente. No se podía abanderar una lucha frente al matrimonio homosexual o a la ley de interrupción del embarazo, pedir firmas contra el Estatuto de Cataluña o criticar ferozmente la política antiterrorista gubernamental para que una vez alcanzado el poder se renunciara a modificar tales leyes, se sacara a Bolinaga a la calle después de haber hecho frente común con gran parte de las víctimas del terrorismo o permitir a Artur Mas una simulación de consulta con visos de verosimilitud, traicionando con ello la voluntad de su electorado más ideologizado.

Viendo al Presidente del Gobierno en la tribuna parlamentaria intentando articular un discurso convincente sobre los meandros de la corrupción que se ha instalado en las entrañas de nuestro sistema político podíamos observar a un hombre absolutamente superado por las circunstancias, los hechos y los malditos cimientos de su proyecto, dirigiendo su voz a una ciudadanía que ya no le escucha porque su tiempo pasó.

Sobre todo este cúmulo de cimientos estaba sustentada la gran mayoría política que hace escasos tres años y medio otorgó la ciudadanía a un Partido Político. Evidentemente la gran obra proyectada tenía vicios ocultos y hoy esa misma ciudadanía ya no se conforma con demandar a los arquitectos, promotores o constructores de esa obra pidiendo daños y perjuicios. La obra amenaza ruina y la ciudadanía demanda su demolición sumaria que ya habrá tiempo de construir otra realidad con nuevos pilares. Los cimientos desde luego son profundos y en cierta manera forman parte de una manera de hacer política que se ha quedado antigua. Hoy los ciudadanos demandan nuevas maneras y un nuevo compromiso. Será la ciudadanía la que tenga que otorgar nuevamente esa confianza. Los actores están cambiando o cambiarán a la fuerza. Las formas serán otras. No es tiempo de demagogias pero si de transformaciones reales y perceptibles por los ciudadanos en el marco de una segunda transición imprescindible. Una nueva generación pide paso. La regeneración política y ciudadana ya no es una ensoñación, es una necesidad imperiosa.