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De nuevo, peligra nuestros derechos, en este caso nuestra
libertad de manifestarnos ante tantas injusticias que comete
este Gobierno. El PP quiere cambiar la presunción de
inocencia por la presunción de delincuencia, anteponiendo la
seguridad a los derechos fundamentales. La Ley de Seguridad
Ciudadana es una ley mordaza que NADIE ESTÁ PIDIENDO. Genera
inseguridad jurídica por su inconcreción y vaguedad.
Según el CIS, el 2´9 de la ciudadanía española considera que
la inseguridad está entre los principales problemas del
país. Es una propuesta de Ley innecesaria que pretende, a
raíz de la intensa actividad de los movimientos sociales,
generar el miedo en quienes quieran ejercer su derecho de
manifestación. Resulta llamativo que esta Ley se centre en
la prohibición de las protestas ciudadanas convocadas para
exigir al gobierno la defensa de la educación y sanidad
pública, o la lucha contra el desempleo y la corrupción.
Asuntos que preocupan verdaderamente a las y los españoles.
Esta Ley prevé en su articulado que los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado (FCSE) tengan una gran capacidad de
actuación en base a meras sospechas respecto al
comportamiento de la ciudadanía. De esta manera se da
espacio a la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones.
Estos cuerpos podrán actuar de manera preventiva siempre que
ellos mismos consideren que existe riesgo o peligrosidad,
pudiendo intervenir en distintos ámbitos, simplemente
mediante aviso verbal, y teniendo potestad para exigir
identificación documental; realizar registros; establecer
zonas de seguridad; organizar controles y comprobaciones;
disolver reuniones, manifestaciones o espectáculos y
actividades recreativas.
De esta manera, a causa de la inconcreción en los supuestos
establecidos por la norma para amparar la actuación
policial, el/la ciudadano/a se encontrará en un estado
constante de indefensión al no ser capaz de ajustar su
comportamiento ante las actuaciones sancionables por Ley,
por no ser éstas objetivamente recogidas en el texto legal.
Además, se da la novedosa circunstancia de que el personal
de seguridad privada será parte de la perspectiva integral
de seguridad pública, situándolo en un nivel de acción
similar al de los cuerpos policiales y autoridades públicas.
De esta manera, la custodia del espacio público quedará
supeditada a intereses empresariales y de un personal sin
suficiente cualificación, y que carece de sentido de deber
hacia la ciudadanía puesto que a quien se deben es a su
empleador.
Es una Ley Mordaza para silenciar derechos fundamentales y
una ley con sanciones desproporcionadas.
Nuestra libertad es robada. Nuestra libertad es silenciada
por un Partido Popular que no vela nada más que por sus
intereses.
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OPINIÓN
/
COLABORACION
