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Los agentes de la Guardia Civil que participaron en el
operativo desplegado el pasado 6 de febrero en la playa
ceutí de El Tarajal, cuando 15 migrantes murieron intentando
llegar a nado a suelo español, han defendido ante el juez
que el uso de medios antidisturbios fue “gradual” y en
ningún caso de dirigió contra las personas.
Así lo recoge el informe que la Policía Judicial de la
Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta que ayer
avanzábamos y que ha remitido al juzgado de instrucción que
investiga la muerte de los cinco inmigrantes cuyos cuerpos
fueron rescatados en aguas españolas. El documento, al que
ha tenido acceso Europa Press, contiene toda la información
que la Benemérita ha remitido al juez hasta la fecha.
Según explica, aquel día estaba vigente la Orden de Servicio
de Protección del Perímetro Fronterizo Hispano Marroquí, una
instrucción del año 2011 que establece ante la aproximación
de inmigrantes, “un procedimiento de intervención gradual”
por parte de las fuerzas de seguridad españolas.
Este procedimiento empieza por un silbato con pitadas largas
al que puede seguir, tras “una salva inicial al aire”, el
“lanzamiento real de pelotas de goma”. Dice que “la
utilización de botes de humo se hará solamente como último
recurso”.
El informe concluye que se siguieron los pasos, pues antes
usar las pelotas de goma y los botes de humo se activaron
sirenas, rotativos y salvas. “Posteriormente a los avisos,
se utiliza material antidisturbios, pero si bien en un
principio el uso de los mismos fue para evitar el acceso a
las aguas españolas, al observar el caso omiso de los
inmigrantes ante estas medidas (...) deciden el lanzamiento
de estos medios al agua, pero no como medida represiva o que
causara daño”, explica.
Esta es la misma tesis que sostienen todos los guardias
civiles que hicieron uso del material antidisturbios. En sus
declaraciones judiciales aseguran que el lanzamiento se
produjo hacia el agua, no contra las personas, guardando una
distancia prudencial y con el fin de orientarles hacia la
orilla para que no se adentrasen en el mar ni nadasen en
paralelo a la playa hacia aguas españolas. Varios aseguran
que sus lanzamientos no impactaron contra ninguna persona.
Uno de los agentes declara además que lanzó dos botes de
humo tras comprobar que “un grupo grueso de nadadores se
alejaba mar adentro” y lo hizo “en forma de parábola, para
que caiga por la parte posterior de los nadadores” con el
fin de “cortar su progresión” formando “una pequeña cortina
de humo”. “Los efectos disuasorios que se pretendían no se
consiguen, por lo que no vuelve a realizar el lanzamiento de
botes de humo ni de ningún otro medio”, manifestó.
Un inventario de 420 pelotas de goma
De las declaraciones de los agentes no se puede deducir el
número de pelotas de goma que se dispararon aquella mañana,
pues mientras algunos precisan que fueron dos o tres los
lanzamientos, otros no concretan una cifra. Según declaró en
el Congreso el secretario de Estado de Seguridad el pasado
mes de marzo, se dispararon “145 pelotas de goma, cartuchos
de protección y cinco botes de ocultación”.
Según el informe, “no se entregó ningún material específico
para el desarrollo de las operaciones el 6 de febrero”,
cuando los agentes hicieron uso del que habitualmente
portan. En este sentido, detalla que el grupo de la Compañía
Rural de Ceuta movilizó 13 vehículos, en cada uno de los
cuales había un arma con bocacha (adaptador) para
lanzamiento de medios antidisturbios y una bolsa con 20
pelotas de goma, cuatro “botes lacrimógenos” y 40 cartuchos
de fogueo.
Además, el personal del módulo de intervención rápida
integrado por agentes de la Agrupación de Reserva y
Seguridad (ARS) del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), una
unidad de apoyo procedente de Sevilla, “hizo uso de 9
bocachas” con otras tantas mochilas en cuyo interior había
20 pelotas de goma, 6 botes de humo “de ocultación” y dos
cargadores con 20 cartuchos de fogueo.
En total, 16 agentes manejaron las bocachas y no se
utilizaron todos los medios. Uno de los agentes declaró
haber gastado en torno a “un tercio” de las pelotas de goma
de las que disponía. Otros reconocieron haber compartido el
continente de la mochila, depositada en el suelo para
facilitar la labor. También hubo agentes que movilizaron
hasta la playa los medios pero no llegaron a utilizarlos. Sí
incide el informe en que ninguna de las embarcaciones en el
agua aquella mañana disponía de este tipo de material.
Cámaras que no grabaron nada
En el inventario se detalla asimismo que en el momento de
los hechos había un agente situado en la torre de vigilancia
del espigón del Tarajal que operaba con una cámara térmica y
otro en la playa próxima a la barriada de Miramar de Ceuta
con otra cámara, también térmica. Explica que estas cámaras
“no tienen posibilidad de grabación”.
Existían además otras cámaras que sí tienen posibilidad de
realizar fotografía y vídeo “a demanda del operador”, pero
“no se efectuó ni fotografía ni grabación alguna puesto que
desde sus puntos de ubicación no se tenía visión de la zona
en la que se producen los hechos”, conforme trasladó la
Compañía de Seguridad Ciudadana de Ceuta a la Policía
Judicial.
Es el caso de los equipos denominados ‘Búhos’, que tienen
cámaras térmicas con capacidad de grabar y fotografiar. El
Búho-1 no realizó fotografías ni vídeos durante el intento
de intrusión, aunque bajó “a apoyar a grada-1”, localización
que el informe fija en un mapa justo frente al espigón del
Tarajal. Búho-10 también tenía capacidad de grabación, pero
no lo hizo porque era “responsable de la zona Alfa y Bravo
del perímetro fronterizo, no teniendo visión sobre la playa
de El Tarajal”. Búho-2, con la misma capacidad técnica,
tampoco tenía visión de la playa porque se encargaba de la
zona de Bellionech.
El informe responde al requerimiento del juzgado, que pedía
más imágenes, que por ello “no se pueden aportar nuevas
grabaciones donde se recojan los hechos”, más allá de las
que fueron entregadas inicialmente, las mismas que puso a
disposición del público el Ministerio del Interior en su
página web, captadas desde dos cámaras térmicas y la de
vigilancia del SIVE.
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La acusación denuncia trabas y “dilaciones indebidas” en la
investigación
La abogada de la Coordinadora de
Barrios, Patricia Fernández, afirma que se están produciendo
trabas y “dilaciones indebidas” que dificultan la labor de
la acusación popular en la investigación que lleva a cabo el
Juzgado número 6 de Ceuta. “Las principales dilaciones se
deben al hecho de que por parte de la Guardia Civil, un
informe que se requirió en julio no se ha presentado hasta
noviembre. Es intolerable ese retraso y entendemos que el
juzgado tendría que haber sido más activo para reclamarlo,
como fijando un plazo determinado bajo apercibimiento de un
delito de desobediencia, cosa que no se ha hecho”, explica.
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INVESTIGACION
