OPINIÓN - DOMINGO, 7 DE DICIEMBRE DE 2014

Una Constitución para una sociedad nueva

Por Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta

Celebramos el trigésimo sexto aniversario del referéndum de aprobación de la Constitución española, un texto que ha servido como pilar de la convivencia que hemos mantenido durante todos estos años. Una Carta Magna que nos trajo la libertad, la democracia, los valores de justicia, igualdad y sobre todo el estado social y democrático de derecho.

Treinta y seis años después, la actual Constitución española se ha quedado obsoleta, en todo ese periodo solo dos cambios se han realizado, ambos motivados por la Unión Europea, uno lógico y negociado, otro impuesto e irracional en el que han prevalecido los intereses externos sobre los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

El primer cambio, realizado en agosto de 1992, fue introducir en el artículo 13 las palabras “y pasivo” para que con la entrada en la Unión Europea, los ciudadanos de la Unión tuvieran los mismos derechos en España, que los españoles en el resto de los Estados miembros: el poder elegir y ser elegidos miembros de las instituciones democráticas de cada Estado y el poder acceder a la función pública.

El segundo cambio fue el artículo 135 realizado en septiembre de 2013, en el que se introdujo todo un arsenal de medidas que incluso pueden considerarse anticonstitucionales: el déficit cero, la prevalencia del pago de la deuda externa ante cualquier otro tipo de gasto, la obligación de las Comunidades Autónomas de una ley para emitir deuda pública o la exigencia de la estabilidad presupuestaria. Todas estas medidas se tomaron solo con los votos de PP y PSOE (de este último reconocer que no fueron todos, Antonio Gutiérrez votó en contra e Izquierda Socialista no fue al Pleno), un acuerdo que rompía el llamado “consenso de la transición”, por lo que ya nadie está obligado a cumplirlo.

En cambio la sociedad ha evolucionado mucho más, ha avanzado en sus valores, su forma de comprender las cosas ha cambiado y sobre todo su modo de actuar. Es por ello que ahora es necesaria una modificación de nuestra Constitución, una transformación que permita al 70% de la población actual que no se pronunció sobre la misma, sentirla como suya, partícipe de la construcción de un nuevo molde para la sociedad que queremos construir.

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía entendemos que es necesario introducir en nuestra carta magna una serie de cuestiones o que no están integradas, o que no están suficientemente defendidas o que no están lo suficientemente claras. Es imprescindible que los derechos sociales sean incluidos en nuestro texto fundamental, que los derechos fundamentales como la vivienda, el trabajo, la sanidad o la educación estén claramente defendidos y supeditados al interés general, una estructura de competencias clara y concreta que dividan entre los ayuntamientos, las autonomías y el estado, permitiendo la suficiencia financiera de cada uno de los estamentos. Lograr una mayor independencia del poder judicial, que evite la actual injerencia política; la desaparición del Senado o la elección de la forma de Estado.

Pero sobre todo, desde el MDyC entendemos que debe ser una nueva Constitución de todos y todas, un nuevo consenso en el que la participación de los ciudadanos y ciudadanas sea decisiva y esté por encima de acuerdos bipartidistas que sólo beneficien a las estructuras actuales, perdurando los intereses de las actuales clases poderosas.

Cuando nuestros políticos se han visto obligados a cambiar nuestra Constitución, no ha existido ninguna dificultad para llevarla a cabo, los supuestos intereses generales del Estado lo exigían, a pesar de que nadie los entendiese y pocos los compartieran; cuando es la sociedad la que exige ese cambio, sólo ven problemas insalvables que buscan la división de los españoles y que no sólo son innecesarias sino que provocan la ruptura de la convivencia que tanto costó, quizás lo que temen es que se acaben sus prebendas.

Es curioso que quienes ahora más defiendan la Constitución, fueran quienes más la atacaran; todos recordamos la postura del Presidente Aznar, a quien querían nombrar hijo predilecto de nuestra Ciudad, contra nuestra norma fundamental; o aquel otro Presidente Fundador, D. Manuel Fraga Iribarne, Ministro del Dictador, para quien España acababa en Gibraltar, cómo recomendaba la modificación de la misma cuando ni siquiera se había aprobado. En este momento, los hijos ideológicos de estos detractores de nuestra norma fundamental sean quienes más se opongan a su modificación produce una sensación de inmovilismo, como si todavía estuvieran anclados en aquella teoría de “atado y bien atado”.

Es incomprensible que quienes están descomponiendo el Estado social y democrático de derecho que implantaba nuestra Constitución sean sus más aguerridos defensores, quienes por la terrible reducción del gasto público han provocado el desmantelamiento de la sanidad pública, la reducción de la educación, la aplicación de una ley de pensiones que reduce la capacidad adquisitiva de nuestros mayores, la práctica desaparición de los derechos sociales que están amparados en la ley de dependencia y a la que han dejado sin recursos, etc.

Y en el campo de las libertades es irrisorio que se proclamen adalides del texto fundamental quienes están imponiendo una ley de seguridad que atenta contra las libertades fundamentales como la de reunión, expresión o manifestación, por las que tanto ha luchado la sociedad, o se violen los Derechos Humanos con el reconocimiento de las llamadas “devoluciones en caliente”, o nos ridiculicen ante el mundo con la supresión de la justicia universal que puso en libertad a delincuentes internacionales.

O como ahora, quienes corrieron asustados a modificar nuestra norma fundamental, azuzados por réditos extranjeros y en contra de los intereses de la sociedad, vengan ahora reclamando un papel reformador que nadie les ha solicitado, imponiendo unas estructuras territoriales que no fueron capaces de implantar modificando la Constitución directamente y lo intentaron por la puerta de atrás con la modificación de unos estatutos completamente enfrentados a ella y que lo único que pretendían era una reforma constitucional sin cumplir la Constitución.

Es vergonzante que quien dice cosas como: “Es el preámbulo de nuestra Constitución; ojalá y perdure, en la letra y en el espíritu, pero sobre todo, y de manera muy especial, en el corazón y en la voluntad de todos los españoles”. Se dedique a prohibir la libertad de expresión de un cargo elegido por los ciudadanos. Quienes deberían ser los máximos cumplidores de las leyes y sobre todo de nuestra Constitución son los que más se las saltan, quienes deberían predicar con el ejemplo de su actuación son los que nos empujan al resto de los ciudadanos y las ciudadanas de España a exigir que nuestra Carta Magna vuelva a ser la de todos y todas, vuelva a ser un núcleo de cohesión y, sobre todo, de futuro. Y para ello una gran mayoría de la sociedad estamos por cambiar la Constitución, para que ellos no puedan robarnos la democracia que nos dimos y podamos incluir en nuestra norma las cuestiones que entre todos y todas decidamos.