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La respuesta dada por los docentes
ceutíes a la consulta organizada por la Junta de Personal
Docente ante la supresión de la misma y la posible
discriminación con respecto a los docentes del resto del
país debería hacer saltar las alarmas en la Dirección
Provincial y al mismísimo Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, y es que ayer quedó bastante claro, una vez más,
la tremenda indignación que reina entre este colectivo que a
través de su altísima participación ha demostrado el nivel
de hartazgo que presenta.
Un 80 por ciento de los 1.162 docentes censados, es decir,
un total de 924, acudieron ayer a las urnas para hacer
llegar al Ministerio que sienten que sus derechos están
siendo vulnerados al suprimir la Junta de Personal Docente y
que además se sienten discriminados con el resto de docentes
del país. Estas cifras son un claro ejemplo de que la
política llevada a cabo por las autoridades competentes en
materia de Educación con respecto a Ceuta y Melilla son un
puro fiasco que está llegando a límites insospechados y que
además está poniendo en peligro, más aún, el ya débil
sistema educativo ceutí.
Una ciudad que, gracias a las medidas autoritarias, tomadas
de forma unilateral, sin consenso alguno y, peor aún, sin
contar con la visión de los verdaderos profesionales de la
materia como son los docentes, sigue liderando todos los
rankings de las peores cifras educativas. ¿Hasta dónde vamos
a llegar? ¿Cuando se verá un respaldo de la Ciudad Autónoma
a este colectivo plantando cara al Gobierno de turno?
Este perjuicio que están sintiendo los docentes tiene graves
daños colaterales que desde hace años están sufriendo
nuestros hijos, por lo que la sociedad al completo debe
unirse a los docentes y respaldar sus reivindicaciones para
hacer ver a los “responsables” de Madrid que no se puede
legislar de oídas y sin conocer la verdadera problemática de
esta ciudad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
