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El Pleno de la Asamblea dio también ayer su aprobación
inicial a la disolución de la Gerencia de Urbanismo (GIUCE)
a propuesta de la consejera de Fomento, Susana Román, quien
defendió el trabajo de ese organismo autónomo, que se
disuelve a raíz de que las personas que lo integran hayan
pedido su reincorporación a la estructura de la Ciudad. La
GIUCE empezó a funcionar en 2010 y, desde entonces, ha
ahorrado casi 8 millones de euros a las arcas públicas.
Durante su exposición, la consejera de Fomento hizo un
balance del trabajo realizado por la GIUCE y resaltó que
desde 2010, se han ejecutado obras por importe de 75,8
millones de euros y todas han estado dirigidas por los
ingenieros y arquitectos de la GIUCE. El hecho de no haber
contratado la dirección de los trabajo ha supuesto un ahorro
de 2,5 millones de euros. Además, la GIUCE ha dirigido obras
de distintas consejerías y esto también se ha traducido en
ahorro para el erario público, en este caso, por importe de
23.433 euros.
Igualmente, Román resaltó que la redacción de proyectos
merece mención aparte. Ese capítulo ha concentrado buena
parte del trabajo desarrollado por la GIUCE. En datos, desde
su creación en 2010, cabe reseñar los 82 proyectos que ha
redactado el personal de la GIUCE y los casi 5 millones de
euros ahorrados a la Ciudad al asumir ese trabajo, que por
lo tanto no ha tenido que ser contratado.
Asimismo, insistió en que la GIUCE ha asistido técnicamente
a otras áreas de Gobierno. Tampoco es desdeñable esta parte
de de su trabajo. Los datos lo evidencian. Ha emitido una
media de 130 informes al año, lo que ha conllevado un ahorro
para la hacienda local de algo más de medio millón de euros.
La consejera Román ha defendido este trabajo, al que ha
sumado la concesión de más de 400 licencias en el tiempo de
vida de la GIUCE, y ha ceñido las razones de la disolución
de este organismo al deseo de sus trabajadores de volver a
sus antiguos puestos.
El diputado de Caballas a este respecto y ante la
manifestación de Román de que los trabajadores de la GIUCE
pidieron en bloque regresar a la estructura de la Ciudad,
consideró que la Ciudad debería hacer una reflexión, y
estudiar si ha habido algún tipo de negligencia por parte
del Ejecutivo Local, indicando que no es lógico que la gente
“se vaya en desbandada”, de ahí que insistiera que desde el
Grupo Parlamentario Caballas se desaprobara la forma de
actuar de la ciudad, indicando que “el Gobierno no sólo debe
abanderar sino proteger la labor de la GIUCE”.
Del mismo modo, el dirigente socialista, José Antonio
Carracao, si apoyó esta disolución y recordó que
precisamente antes de la creación de esta gerencia ya el
PSOE aseguró que la misma “no debería haber existido nunca”,
denunciando a continuación todos los gastos que su creación
ha producido así como los “bailes de ubicación” llevados a
cabo.
“Los funcionarios se fueron en estampidas y el tiempo nos da
la razón y a ustedes lo pone en su sitio. Son un desastre de
Gobierno, no son capaces de tomar decisiones, mantenerlas,
ejecutarlas y llevarlas donde ustedes quieren y con ello
están perjudicando los intereses de la ciudad y las arcas
públicas. Están provocando problemas donde no los había y no
dan soluciones a los existentes”, concluyó Carracao.
Por último Román insistió en la defensa de la
responsabilidad del Gobierno en cuanto a las decisiones
tomadas en torno a la Giuce y aseguró que en ningún momento
supuso más gasto que beneficios.
Finalmente, aprobada la disolución de forma inicial con los
votos a favor de los diputados del Grupo Popular y del Grupo
Socialista y la abstención del Grupo Caballas, se abre un
periodo de exposición pública de 30 días para, con
posterioridad, convocar la comisión liquidadora y ejecutar
el acuerdo, que no acarreará coste para la Ciudad porque lo
que hace, en resumidas cuentas, es suceder en derechos y
obligaciones al organismo disuelto.
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Se revisará la modificación de los estatutos de las
sociedades municipales
El Grupo Parlamentario Caballas
presentó ayer una propuesta a través de la cual instaba a la
Ciudad a modificar los Estatutos de las Sociedades
Municipales, incluyendo la obligatoriedad de gestionar el
presupuesto de cada una de ellas de conformidad con la
legislación aplicable a los presupuestos de la Ciudad. Esta
propuesta, defendida por el diputado localista Juan Luis
Aróstegi, obtuvo el respaldo unánime de los componentes de
la Asamblea, después de que Caballas considerara que las
sociedades municipale no pueden estar exentas de los
controles democráticos que la legislación impone en la
gestión del gasto público, de ahí que insistiera en que la
consideración de “estado de ingresos y gastos” que rige
actualmente en la gestión de las sociedades municipales, y
que de hecho desnaturaliza la voluntad de los órganos
colegiados, se convierte en una puerta al fraude.
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pleno de la asamblea
