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La formación política de Caballas denunció el viernes que el
Ejecutivo de Juan Vivas tiene reclamaciones judiciales por
valor de unos cincuenta millones de euros, así lo denunció
el portavoz del primer partido de la oposición, Mohamed Alí,
quién dijo que va a proponer al Pleno que las contrataciones
que superen los seis millones de euros tengan que ser
debatidas y contar con la aprobación en sesión plenaria.
Alí explicó que ante la preocupación que tiene su formación
política por el estado de las arcas públicas han decidido
visitar tanto los servicios jurídicos como los de
intervención, con la intención de comprobar los pleitos en
los que está inmersa la Ciudad y ver las “reclamaciones de
cantidad” que la institución tiene actualmente.
El dato obtenido por los localistas “es espeluznante y
terrorífico”, a juicio de Mohamed Alí, que desveló que “el
montante que se le reclama en vía judicial a día de hoy a la
Ciudad alcanza los cincuenta millones de euros”.
Ante la cifra, los localistas calificaron la situación de
preocupante, “ya que si las resoluciones judiciales son
contrarias a los intereses de la Ciudad, tendríamos que
abonar estas cantidades”, lo que supondrá, a juicio de Alí,
“una merma importante en los servicios y en el Presupuesto
de la institución”.
Mala gestión
Muchas de las reclamaciones presentadas, dijo el portavoz de
Caballas, “se deben, única y exclusivamente, a la mala o
irregular gestión política del Partido Popular”.
Así, Mohamed Alí manifestó que nadie entiende “como se nos
puede presentar una demanda judicial en la que se reclama el
pago de la última certificación de la basura por parte de la
empresa Urbaser”.
Para ilustrar sus palabras, el representante de los
localistas dijo que esta empresa reclama, en un nuevo
pleito, una cantidad de casi tres millones de euros por la
certificación, que “nadie sabe el motivo por el que no se le
abonó”.
El problema estriba para los localistas en que “nadie
responde, nadie del Gobierno es capaz de decir el porqué una
certificación del último mes en el que prestaba servicio
esta empresa no se ha abonado y ahora nos encontramos con
una reclamación”, a la que hay que sumarle las costas y los
intereses de demora.
Pero no solamente esta es la única reclamación, ya que,
según Mohamed Alí, “es una ristra que demuestran que las
cosas no se han hecho bien”.
Caballas es partidaria de evitar los pleitos, dijo, ya que
entiende que hay que “evitar el gasto de dinero en costas e
intereses, que es mucho”.
Tampoco sabe nadie, dijo Alí cuánto ha sido el coste del
desdoblamiento del Paseo de las Palmeras al día de hoy,
“puesto que también hay un nuevo pleito en lo que se refiere
a liquidación de intereses” y, por lo tanto, es un “gran
agujero negro en las cuentas de esta ciudad y, además, nadie
responde”.
Ante esto, el localista tiene claro que la ciudad “no se
puede plantear un futuro de prosperidad, plantearse acciones
para ayudar a los ciudadanos con una reclamación de
cincuenta millones de euros en la calle”, hecho que su
juicio es “aterrador y que puede condicionar el futuro de la
ciudad”.
Moción de urgencia
Mohamed Alí se centró, tras la denuncia pública de los
pleitos, que a la sesión plenaria del próximo lunes su grupo
lleva una moción de urgencia para que se cumpla la ley de
contratos del sector público, Para ello, Caballas, con su
moción, lo que va a solicitar es que la normativa se cumpla
para que los contratos que superen más de seis millones de
euros “pasen por el pleno”.
En este sentido, el representante de Caballas dijo que el PP
“ha hurtado una competencia del Pleno, que es la
contratación y ahora, además, incumple la legislación
vigente y que la transparencia sea la que guíe la gestión en
materia de contratación”.
En esa misma propuesta, Caballas va a reclamar una comisión
especial de contratación con el “fin de planificar, hacer un
seguimiento y fiscalizar lo contratos, ya que en la
actualidad hay situaciones que vulneran claramente la ley”,
explicando que nadie entiende que el servicio de comedores
“esté fuera de contrato y lo mismo pasa con el cartón o el
de los fangos de la EDAR”.
En esa misma propuesta, la formación va a solicitar que se
añada una cláusula en los contratos para defender los
derechos de los trabajadores, en sus condiciones laborales y
económicas, de empresas que prestan servicios a la Ciudad.
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denuncia
