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El pasado lunes el colectivo de discapacitados mostraba su
malestar por una resolución aprobada y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta en la que, pese a que
el ascensor de acceso a una academia de formación no cuplía
con las dimensiones mínimas de accesibilidad universal
establecidas, a esta se le desbloqueaba la subvención para
impartir una serie de cursos siempre y cuando dispusiera de
unas sillas de ruedas de dimensiones reducidas para que los
discapacitados que quieran realizar los citados cursos y por
tanto acceder a la academia de formación, pudieran cambiarse
de silla, algo que el colectivo de discapacitados considera
una situación “rocambolesca” y que puede considerarse una
clara “discriminación” ya que se está prohibiendo al
discapacitado gozar de la autonomía y autosuficiencia que
reclama desde años además de pedirle que se adapte él al
problema existente en vez del problema al discapacitado.
Esta resolución fue aprobada por el director provinicial del
Servicio de Empleo Público Estatal, Manuel Sánchez Gallego,
con quien pudo finalmente hablar EL PUEBLO. Ante el revuelo
generado entre el colectivo de discapacitados, Sánchez
Gallego aseguró “lamentar profundamente que el colectivo se
haya sentido molesto”, indicando que con su gestión “no
quiero que nadie esté molesto”.
Igualmente, el director provincial del SEPE destacó que, por
el cargo que obstenta así como la importancia de la
convocatoria y además porque se está estudiando un
expediente, no puede permitirse el lujo de contar tan sólo
con un informe y que pidió otro al área de Industria y
Energía de Sevilla, resultando, tal y como así lo catalogó
“un informe objetivo que me ha permitido dar una resolución
ajustada a derecho”, mientras indicaba que para la
elaboración de la citada resolución ha seguido al detalle el
informe técnico, el cual le indica que “el ascensor si es
accesible porque existen esas sillas de ruedas de tamaño más
reducido y le exijo a la entidad las condiciones de
accesibilidad para que tenga todas las garantías, que a su
vez son las propuestas por el técnico”.
Igualmente, durante la entrevista mantenida, el director
provincial del SEPE manifestaba que no puede decirle a la
dirección del centro de formación “que no le doy la
subvención porque el ascensor no es accesible, ya que eso
tendría que motivarlo y además la finalidad no es que el
ascensor no reúna el mínimo, sino que sea accesible, y con
estas sillas reducidas lo es”, además indicaba que esa es la
única salvedad que tiene el centro de formación porque por
lo demás “el centro reúne todas las condiciones, es
impecable”.
Seguidamente, Sánchez Gallego insistió en que entiende la
postura planteada por el colectivo de discapacitados, pero
que “a un centro de formación que un informe dice que es
accesible no puedo decirle que no le doy la subvención para
que lo imparta”.
“En ningún caso se ha pretendido herir sensibilidades, la
resolución está ajustada a derecho porque existe esa
posibilidad para que el ascensor pueda ser utilizado por los
discapacitados”, además de manifestar que él ha trabajado
con discapacitados y que está a disposición de este
colectivo “para lo que haga falta”, poniéndose a
continuación “a disposición de la presidenta del CERMI para
lo que necesite”.
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queja
