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El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez,
cifró en 17.000 los intentos de entrada por la valla
fronteriza de Ceuta y Melilla en lo que va de 2014, al mismo
tiempo que señaló que en lo que va de año alrededor de 2.000
inmigrantes han entrado en Melilla mediante saltos a la
valla, el doble que en 2013.
Así lo ha detallado Francisco Martínez durante su
comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha
insistido en que el Gobierno de Mariano Rajoy debe seguir
trabajando para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado de un marco jurídico que proporcione y dé mayores
garantías ante esta situación de “extraordinaria presión
migratoria y complejidad”.
A su juicio, el fenómeno de la inmigración irregular sólo
puede abordarse como una cuestión de Estado y la respuesta
de este desafío debe conjugar distintas sensibilidades,
ponderar la solución que desde el Estado de Derecho debe
darse a situaciones de “enorme complejidad”, con una
“innegable” dimensión humanitaria, junto a la
responsabilidad de proteger a las fronteras.
Martínez ha puesto en valor que millones de seres humanos
ponen en riesgo su propia vida en busca de un futuro mejor
como consecuencia de distintas circunstancias, como la
pobreza endémica del continente africano.
Eso sí, ha recordado que hay que conseguir el “difícil
equilibrio” entre la obligación legal de custodiar las
fronteras y el deber de respetar los derechos fundamentales
de los flujos migratorios, a pesar de que se trate de vías
ilegales.
Rigor jurídico
En este punto, destacó que la Ley de Extranjería da
respuesta con rigor jurídico a situaciones derivadas de la
irregularidad de la entrada, estancia o permanencia de
España, con procedimientos administrativos como la
inadmisión, la devolución o la expulsión con sus
corresondientes garantías.
En las fronteras de Ceuta y Melilla, donde se concentra
mayor desigualdad del mundo, a diferencia de otras
fronteras, Martínez dijo que se plantea la necesidad de
evitar entradas ilegales muchas veces violentas o masivas.
“Creo que no podría esperarse nunca de un Estado que
asistiese impasible a actos que vulneran la legalidad
fronteriza y por extensión de la UE y que no podría
defenderse nunca, más allá de los componentes humanitarios
del debate, que existe un derecho a entrar de manera
irregular en un Estado”, recordó.
Así, insistió en que la actuación de la Guardia Civil y de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en
cumplimiento de la ley, al rechazar en la frontera a
aquellos que quieren entrar de forma ilegal, “goza de plena
cobertura jurídica”.
“A veces esa acción de rechazo supone hacer frente a asaltos
violentos, movidos por la desesperación, que sólo pueden
abortarse eficazmente mediante acciones de convulsión física
sobre las personas presididas siempre por los principios de
oportunidad, congruencia y proporcionalidad”, remarcó en su
comparecencia.
Por ello, el secretario de Estado para la Seguridad explicó
que, dando prevalencia a la integridad de los inmigrantes, y
frente a la búsqueda de una evitación inmediata de un salto,
se produce un tiempo de espera hasta que los inmigrantes
hayan descendido del vallado para realizar materialmente el
rechazo.
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