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Antonio Borrego, delegado de Seguriber en Ceuta, salió ayer
al paso de las manifestaciones realizadas por los
empresarios del polígono del Tarajal tras la asamblea
celebrada el pasado martes por la tarde, en las que
aseguraban que “nunca” se le había solicitado a la empresa
de seguridad que ampliara la plantilla destinada a velar por
la seguridad y el control de la zona, amparándose en esta
circunstancia para indicar que por eso no se estaba abonando
a Seguriber esas facturas impagadas de las cuales se ha
tenido conocimiento recientemente.
Sobre todas estas cuestiones y asuntos que se trataron el
martes en la asamblea de empresarios del Polígono del
Tarajal fue preguntado ayer Antonio Borrego por EL PUEBLO,
quien manifestaba de forma rotunda que es “mentira” todo lo
expresado por los empresarios.
Durante la conversación mantenida con el delegado de
Seguriber en Ceuta dio a conocer que el aumento de plantilla
que ha sufrido el servicio activado en el Polígono del
Tarajal “siempre se ha efectuado con el consenso y el
respaldo de los presidentes de los polígonos y delante de
representantes de la Delegación del Gobierno en Ceuta y del
jefe de la Policía Nacional, y en las que actuaba como
interlocutor de los empresarios de los polígonos el actual
coordinador de los mismos, Arturo Santorum”, quien en la
asamblea guardó silencio mientras los presidentes
manifestaban que la empresa Seguriber había aumentado el
servicio por su cuenta y riesgo, aunque Borrego insistió en
que siempre que estos aumentos se han producido “es porque
los propietarios de las naves los que lo solicitaban”.
En este sentido, Borrego también indicaba que es “falso” que
la deuda contraída por los empresarios del Tarajal con
Seguriber se deba a dicho aumento de plantilla al resaltar
que las facturas impagadas se remontan al mes de mayo y que
este aumento de plantilla se efectuó el pasado mes de
septiembre y se ha mantenido en el presente mes de octubre,
por lo que considera que estas declaraciones realizadas por
los comerciantes no es más que “otra mentira más” para
intentar “no afrontar el pago”, aunque a este respecto ya
adelantó que no dudará en acudir a la justicia para que
finalmente se le abone todo lo que se le adeuda.
Precisamente, dicha deuda desde mayo hasta la actualidad
ascendía a 120.000 euros, de los cuales, tal y como así lo
ratificó ayer Borrego a EL PUEBLO, fueron abonados el pasado
martes alrededor de 60.000 euros, por lo que todavía
quedaría por abonar otros 60.000 euros, que posiblemente
podrían ser abonados si la Ciudad ingresara a los
empresarios del Tarajal el dinero para seguridad que se
comprometió a entregar y que al parecer todavía no ha sido
librado, tal y como se ha confirmado desde fuentes del
polígono.
Molesto por la manifestaciones de los empresarios, Borrego
aseguraba que los empresarios del polígono lo que quieren es
“que se mantenga la seguridad pero sin que les cueste un
euro”.
Con respecto a las exigencias de reducir el número de
personal de los 16 que actualmente prestan servicio en el
Polígono del Tarajal a tan sólo seis, el delegado de
Seguriber adelantó que en la mañana de ayer hizo llegar una
carta tanto al delegado del Gobierno, Francisco Antonio
González, como a la Ciudad y al coordinador de los polígonos
destacando los siguiente: “Conozco sólo de oídas la decisión
de la asamblea de dejar en 6 auxiliares solamente de los 16
existentes. Puesto al habla con los presidentes de los
distintos polígonos se niegan hacerlo por escrito la
consabida reducción. Tengo que manifestarle que es
materialmente imposible el realizar nuestro trabajo con
tales efectivos. Peligra gravemente la integridad de
nuestros trabajadores y usuarios debido a avalanchas
continuas que al haber tan drástica reducción de personal
seguro que serán más abundantes y populosas. En estas
condiciones que considero extremas no se puede garantizar ni
la seguridad ni la eficacia en el servicio”.
Por último hay que recordar que desde Delegación del
Gobierno ya se destacó a los empresarios que si no aceptaban
el servicio actual y tomaban la determinación de quitar el
servicio de seguridad privada se eliminaría la presencia de
la UIP en la zona y se cerraría el paso del Biutz. En este
sentido hay que destacar que, tal y como ha podido saber
este diario según fuentes oficiales, esa dotación de la UIP
que diariamente presta sus servicios en el interior del
polígono del Tarajal para controlar y evitar las posibles
avalanchas cuesta al Estado, entre dietas y pluses, más de
50.000 euros.
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POLÍGONO DEL TARAJAL / SEGURIDAD
