El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer en
el Senado que la reforma de la Ley de Extranjería que
pretende introducir el PP para regular la figura del rechazo
en frontera en Ceuta y Melilla, en muchas ocasiones
denominada ‘devolución en caliente’, se ajusta a toda la
legislación internacional. De este modo, subrayó que la
normativa de fronteras que plantea el Gobierno en esta
materia “se ajusta a toda la legislación internacional”.
Asimismo, en la sesión de control al Gobierno, el jefe del
Ejecutivo también defendió que las vías por las que los
Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado tratan de evitar
las “entradas ilegales” al territorio español y de la Unión
Europea se ajusta “plenamente” a la legislación nacional e
internacional.
Así lo aseguró Mariano Rajoy en la sesión de control al
Gobierno en el Senado, donde hizo hincapié en que las de
Ceuta y Melilla, además de ser las únicas fronteras de la UE
con el continente africano, “revisten notas singulares”,
insistiendo en que las “entradas masivas” de inmigrantes se
producen “de forma violenta o clandestina” y violando el
perímetro de frontera y culpó a las mafias de ser las que
organizan estos saltos de la valla.
Dos opciones
Ante la pregunta del senador del Grupo Parlamentario
Socialista, Jesús Enrique Iglesias, el presidente indicó que
ante esta situación el Gobierno tiene dos opciones, o bien
abrir las fronteras para que “entre todo el mundo que lo
estime conveniente” y defender su territorio. De elegir la
primera, advirtió de que tendría que explicarlo ante la
Unión Europea y a los españoles, por eso es una fórmula que
no puede aceptar y, por ello, subrayó que el Ejecutivo
continuará adelante con la reforma.
El presidente del Gobierno recordó la obligación del Estado
de custodiar las fronteras en los términos del Código de
Fronteras del espacio Schengen y de la normativa interna,
una de las cuales es la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado de 1986.
Vigilancia de las fronteras
Esta normativa, según recordó, establece que la vigilancia
de las fronteras tiene por objeto principal “impedir el
cruce no autorizado de la frontera” y, por su parte, la Ley
Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de
1986, atribuye a la Guardia Civil la misión de custodia de
costas y fronteras la entrada ilegal de personas.
Países de origen
En todo caso, coincidió con el senador socialista en que, a
largo plazo, se debe tratar de trabajar con los países de
origen, para ayudarles a salir de la pobreza y a crear
instituciones estables en estas naciones porque “es evidente
que si la gente no puede vivir en su país se buscará la vida
en otros países”.
Igualmente, destacó que las migraciones son una materia de
“enorme sensibilidad” que se debe tratar con “máxima
responsabilidad” ponderando la obligación del control de
frontera y “la crudeza y el drama que supone la inmigración
irregular de organizaciones que trafican con seres humanos”.
Por ello, defendió que esta cuestión se debe afrontar como
política de Estado.
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