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El director provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Ceuta, Manuel Sánchez Gallego, ha resuelto
adjudicar finalmente la subvención pública para los cursos
de formación en auxiliar de comercio, de gestión de pequeño
comercio y de cajero, que quedaron en suspenso debido a que
las instalaciones de la academia de formación que se hizo
con el concurso no reunían los requisitos exigidos de
accesibilidad universal establecidas tanto en el Real
Decreto 173/2010 de 19 de febrero que modifica el Código
Técnico de la Edificación, que remite a la norma UNE
81/70-2004, como en la Orden VIV/5061/2010 y en las
Ordenanzas municipales de Ceuta.
Tal y como ha podido saber este diario el problema radica en
el ascensor de acceso a la academia de formación, el cual no
reúne dichas dimensiones mínimas de accesibilidad universal
establecidas, lo que impide que personas en sillas de ruedas
puedan acceder a dichas instalaciones. Esto llevó al
director provincial del SEPE a solicitar un informe al área
de Industria y Energía el cual reconoce que el ascensor “no
reúne las dimensiones mínimas de accesibilidad universal,
aunque si permite la accesibilidad universal dado que
existen modelos de sillas de ruedas que acceden al mismo por
sus reducidas dimensiones”, y aconseja que la academia en
cuestión “disponga de un número suficiente de sillas de
ruedas de estos modelos para que los alumnos discapacitados
que lleguen al centro de formación puedan acceder al mismo,
debiendo estar a cargo del centro la obligación de asistir
al alumno para que pueda cambiarse de silla de ruedas, así
como disponer de espacio suficiente para guardar la silla de
dimensiones reducidas como la que traiga el alumno. Sin
perjuicio del compromiso de la empresa de estudiar un
proyecto para adaptar la escalera a la subida guiada y
motorizada de sillas de ruedas”.
Precisamente este consejo, el cual parece que ha sido
aceptado por el director provincial del SEPE ya que ha
resuelto conceder los cursos bajo esta premisa, ha indignado
al colectivo de discapacitados ya que “atenta contra todos
los derechos” por los que vienen luchando desde hace años.
La presidenta del CERMI, Maria Luisa Villadén, tras conocer
esta publicación, aparecida el pasado viernes en el Boletín
Oficial de la Ciudad, calificaba el hecho como
“rocambolesco”, y recordaba tanto al SEPE como al técnico
que haya elaborado el informe que “no es el discapacitado el
que se tiene que ajustar al ascensor, sino el ascensor o la
academia al discapacitado”, además de insistir que durante
años se viene luchando por crear ciudades sin barreras
arquitectónicas y adaptadas para que los discapacitados
puedan estar perfectamente integrados en la sociedad y con
completa y perfecta autonomía y que esta decisión adoptada
por el SEPE es una clara vulneración a todo ello, ya que
priva a los discapacitados que acuden con su silla de rueda
de esa autonomía.
Durante sus manifestaciones a EL PUEBLO, Villadén recordó
que en Ceuta existe una comisión de accesibilidad para
estudiar todas estas cuestiones y asegura no comprender que
pinta el área de Energía e Industria realizando este tipo de
informe. Además, la presidenta del CERMI fue más contundente
y aseguró que “si tanto interés tiene la academia en
impartir los cursos del SEPE, los cuales se pagan bastante
bien, que adecue en condiciones sus instalaciones o alquile
un local accesible, que los hay a cientos en la ciudad”,
además de indicar que muchas academias de Ceuta se han
tenido que trasladar a otras dependencias o hacer obras en
las que tenían precisamente para cumplir con toda la
normativa actual sobre accesibilidad y que puedan atender de
igual manera a una persona discapacitada como a otra que no
lo es.
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