El Gobierno del PP anuncia una reforma legal que afectará a
los inmigrantes que, de forma ilegal, accedan a nuestro
territorio violentando las fronteras, enfrentándose a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y consiguiendo su
fin. Esta reforma trataría de, inmediatamente hayan puesto
pie en nuestro país, sean devueltos.
Sobre este asunto, polémico, hay ya todo un mundo de
opiniones, cruce de acusaciones, declaración de intenciones,
teorías, etc. Argumentos a la carta, casi todos con una
carga de buenas voluntades, pero que no pasan de ahí.
Posicionarse sobre este fenómeno podría considerarse una
temeridad, “un alarde innecesario”, pues son más los que no
opinan, que los que opinan. Pero, ¿no sería un buen momento,
dada la intención del Gobierno para sacar la cabeza debajo
del ala, abandonar los prejuicios y la demagogia y trabajar
de forma conjunta en una ley que sea eficaz y que dé
solución a esta lacra?
Yo creo que sí, que aparte del Gobierno, los demás grupos de
la oposición tendrían la oportunidad con esta ley de salir
de un disparatado bucle donde casi todos los que opinan lo
hacen según la oportunidad que les da el momento y esto es,
verdaderamente, deleznable.
Entonces, sí a la reforma legal, pero sin olvidar lo más
importante, que las personas que están al otro lado de la
valla son seres humanos, que necesitan nuestra ayuda y ésta
les tendrá que llegar forzosamente de forma regular y con
garantías en sus países de origen. Seguramente el montante
total sea poco más de lo que hoy cuestan los campamentos y
dispositivos de seguridad mantenidos en la actualidad por
los países de Europa.
Sí a la reforma pero, ojo, sin el suficiente consenso y si
se hace mal y a destiempo, podría convertirse en un
verdadero genocidio.
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