El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer
que la enmienda presentada por el PP al proyecto de Ley de
Seguridad Ciudadana busca “poder precisar con mayor
seguridad jurídica el concepto de rechazo en frontera” de
inmigrantes irregulares, algo que, a su juicio, es “mejor
para todos”.
En declaraciones a los periodistas tras inaugurar las nuevas
instalaciones de la comisaría de Policía en Écija (Sevilla),
el ministro ha rechazado que se hable de “devolución en
caliente” puesto que se entiende por ella “aquella que, sin
cumplir los trámites que la ley establece, se produce aunque
una persona haya entrado en territorio nacional, y eso no se
hace”, dijo.
“Lo que hemos hecho ahora es, a la vista de algunas
situaciones que se han producido, poder precisar con mayor
seguridad jurídica ese concepto de rechazo en frontera que
viene realizando ininterrumpidamente la Guardia Civil desde
hace diez años, de tal manera que tengamos todos más
seguridad jurídica”, argumentó.
Fernández Díaz ha situado en ese “todos” en primer lugar a
la Guardia Civil, que tiene “encomendado por ley ese
mandato”, y a continuación a “todas las personas que se vean
implicadas en esta situación”.
Precisión jurídica
“Esa precisión jurídica que tiene esa enmienda que
modificará la ley que regula los derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, creemos
que va a ser buena para todos, porque todo lo que significa
precisión jurídica significa más seguridad jurídica, y eso
es mejor para todos”, insistió.
Fernández Díaz aseguró que “mientras no se atraviesa todo el
perímetro fronterizo evidentemente no se está en España a
los efectos de aplicación de lo dispuesto en la ley de
Extranjería” y rechazó entrar en lo que calificó como un
debate “geográfico o topográfico que tiene muy poco de
operativo”.
“Yo podría decir que cuando se construyó el perímetro
fronterizo se replanteó en algunos lugares para adaptarlo a
la topografía, de tal manera que, siguiendo con ese
razonamiento, podría decirse que personas que están metros
por delante del perímetro fronterizo ya están en España, o
que tocando la valla ya no lo están”, argumentó.
Un debate de ‘poco sentido común’
El ministro considera que ese debate es de “poco sentido
común” y recordó el “deber inexcusable” de hacer que las
fronteras “sean lo que son: fronteras que delimitan la
soberanía de España y su perímetro territorial, a través del
cual no se puede entrar porque para eso están los pasos
fronterizos habilitados”.
Afirmó además que “se comprende” que no es lo mismo vigilar
que no haya una entrada ilegal por ejemplo en el aeropuerto
Adolfo Suárez de Madrid que hacerlo en las fronteras de
Ceuta y Melilla, sometidas a una presión migratoria
“enorme”, recordando que todos los Estados tienen “el
derecho y el deber” de vigilar las fronteras, “para que se
entre en España, y por tanto en la Unión Europea, de forma
legal”.
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Vivas: “Hay que respaldar, amparar y prestarle el máximo
apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional”
El presidente de la Ciudad Juan
Vivas fue muy comedido ayer a la hora de valorar el
protocolo presentado por la Secretaría de Estado de
Seguridad para actuar en las fronteras y sobre el papel que
juegan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque
sí le gusta la modificación que pretende introducir el PP en
la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a los
“rechazos” de inmigrantes en las vallas de las ciudades
autónomas. Al respecto señaló que “hay que respaldar,
amparar y prestarle el máximo apoyo a la Guardia Civil y la
Policía Nacional”. “Están haciendo una labor muy importante
de cara al conjunto de España y Europa”, puntualizó. Vivas
recordó que, en ocasiones, desde Europa se ve la situación
de Ceuta y Melilla “como algo que, por alejado, es ajeno”.
“Esa cultura hay que cambiarla de forma radical”, advirtió.
El presidente Vivas reiteró que las fronteras existen porque
son una exigencia de la Unión Europea y porque “no se ha
encontrado una vía alternativa para controlar la inmigración
irregular”. Ante esta situación, el presidente se mostró de
acuerdo con que se clarifique la forma de proceder cuando
una persona intenta pasar la frontera al margen de la ley.
“Todo lo que sea atender esa labor, me parece positivo”,
concluyó.
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