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El BOE de ayer, 17 de octubre,publica la Ley 8/2014 de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia (procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de
julio), que establece en sus disposiciones adicionales
vigésima a vigésimo quinta la privatización del Registro
Civil mediante su entrega a los registradores mercantiles.
Según CCOO, esta Ley es reproducción exacta del RD 8/2014 lo
que demuestra la desvergüenza del Gobierno y del Ministerio
de Justicia que, pese a la oposición de todos los grupos
parlamentarios, de todos las organizaciones profesionales
del ámbito de la Justicia, de cientos de organizaciones
ciudadanas y de cientos de Ayuntamientos e incluso de algún
Parlamento Autonómico, mantiene su decisión”. Además, el
sindicato afirma que “la Ley mantiene, a pesar de las
manifestaciones del nuevo ministro, la disposición adicional
relativa a la Corporación de Derecho Público para la
contratación del sistema informático y su posterior gestión,
mantenimiento, conservación y actualización a pesa de que el
Consejo de Estado, en su dictamen de fecha de 25 de
septiembre, pone en cuestión esta disposición y la tacha de
oscura y confusa, rechazando partes del texto por posible
inconstitucionalidad y reclama al Gobierno que lo rehaga en
profundidad”.
CCOO mantiene su oposición a la privatización del Registro
Civil y, “como venimos informando, tras la denuncia
interpuesta ante la Fiscalía General del Estado presentada
por CCOO en solitario, que tras los trámites legales debería
ser remitida próximamente al Tribunal Supremo, daremos un
dar un paso más e impulsaremos una iniciativa legislativa
popular (ILP) implicando a todas las organizaciones
profesionales del ámbito de la Administración de Justicia y
las distintas organizaciones sociales y ciudadanas que
rechazan la privatización del Registro Civil para lograr que
llegue al Parlamento español esta ILP, y así parar este
desastre”, concluye el sindicato.
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comisiones obreras
