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En el Día Internacional para la erradicación de la pobreza
es preciso exigir y reivindicar más que nunca, el desarrollo
y la ejecución de estrategias de acción social, veraces y
factibles, que faciliten estructurar un sistema innegable de
bienestar y de derecho. Constituir una línea de actuación
sustentada en la protección y en la igualdad de
oportunidades, en el derecho y en la inclusión, en la
tolerancia y la no discriminación, en el respeto y el
desarrollo de una vida digna ha de ser concebida como un
conjunto de medidas de actuación y defensa relevantes y de
máxima prioridad para la erradicación y la lucha contra la
desigualdad, la exclusión y la pobreza.
Factores como el desempleo y las pésimas características y
cambios acontecidos en el mercado laboral actual, incitan a
que las situaciones de desigualdad y pobreza se agraven, sin
embargo, señalar que este aspecto ya no es determinante, ni
concluyente a la hora de determinar o no la situación de
pobreza y necesidad. Porque tener o no un trabajo ya no es
sinónimo de solvencia ni de bienestar.
El empleo de calidad se presenta cada vez más como una
alternativa utópica y una odisea. La crisis y los modelos
económicos basados en cercenar y recortar principalmente
sistemas como el de referencia educativa y el de las
políticas sociales, no hacen más que promover el vertiginoso
crecimiento de los colectivos vulnerables como familias
monoparentales con hijos/as menores a cargo, personas en
situación o riesgo de exclusión social, mujeres
(feminización de la pobreza), personas mayores y personas
con discapacidad entre otros. Pero sobre todo las
dificultades y trabas de ciertos sistemas de protección, que
alegan caridad y beneficencia, favoritismo frente a derecho
y bienestar social, incrementan la tendencia hacia el
crecimiento de esta situación.
Por ello, es tremendamente desolador que frente al 50% de la
ciudadanía ceutí, que vive bajo los umbrales de la pobreza y
la privación material y/o el 54% de población infantil que
sufre y padece de primera mano la dureza de la pobreza, se
halle únicamente la respuesta de un gobierno regido por la
ineficacia e incapacidad.
Es deprimente y sombrío que los poderes públicos aboguen por
la austeridad y “la rigidez selectiva”, sustentada en el
“etiquetado” de primera, segunda, o “invisible” categoría de
su ciudadanía, que anteponga intereses y favores personales,
en detrimento de la acción principal que es la de atender y
velar por la protección de toda la ciudadanía, en igualdad
de oportunidades. Lamentablemente, las medidas de actuación
por parte de los poderes públicos para satisfacer las
situaciones de necesidad son cada vez, más y más, frágiles
promoviendo que los derechos de quienes más lo necesiten se
vulneren (vulnerabilidad de la vulneración).
La desigualdad, el desempleo y la exclusión a la que están
sometidas las personas que atraviesan situaciones de
pobreza, vienen prácticamente de la mano, de la incapacidad
y la falta de respuestas efectivas de parte de determinados
actores públicos. Pues, las situaciones de pobreza y por
consiguiente la exclusión social a la que se ven
sometidos/as, no son hechos aislados, que requieran
respuestas esporádicas o puntuales. La atención real, ha de
ir más allá de una simple “tirita” o una “débil medalla de
desvirtuada realidad” (algo así, como la conocida gestión
parcheada e inoperante de los planes de empleo de la ciudad
o su triste puesta en escena en materia de bienestar
social).
Toda acción social por parte de los poderes públicos en esta
materia ha de ir encaminada en la puesta en marcha de una
concienciación política social coherente de carácter
integral que aboguen por erradicar las pésimas y lamentables
consecuencias de la pobreza, sin olvidar la inversión y sin
caer en presumibles perspectivas de agradecimientos y
“medallas” de caridad, sino en la ejecución y obligación de
derechos.
Es necesario que todos y todas actuemos y trabajemos juntos
y juntas en la reducción de la pobreza. Atender y satisfacer
las necesidades básicas e intervenir en la lucha contra la
desigualdad, la marginación y la exclusión ocasionada por la
situación de precariedad y privación propia de la pobreza,
se han de enmarcar y contemplar como objetivos de actuación
inmediata y desde la prioridad que se merece la intervención
en mitigar, erradicar y luchar contra las situaciones de
pobreza.
Recordar al gobierno en estas líneas, que plantear políticas
sociales efectivas no es equivalente a promover situaciones
de dependencia de las prestaciones económicas de carácter
público sino eficacia y garantía de políticas de acción
social basadas en actuaciones integrales y todas aquellas
medidas que luchen contra la erradicación de la pobreza no
solo hoy, sino como una actuación prioritaria y de obligado
cumplimiento en las agendas políticas.
*Diputada de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta
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