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José Antonio Carracao, realizó
ayer una nueva denuncia contra el Gobierno de la Ciudad, que
implica la contratación a dedo de una empresa propiedad del
hermano de uno de sus consejeros, por periodo superior a un
año y un elevado importe. Una denuncia que hubiese
necesitado una explicación más allá de argumentar que de lo
contrario hubiera sido necesario paralizar la planta
mientras se resolvía la adjudicación, a pesar de actuar con
la mejor de las intenciones para evitar costes elevados. La
gravedad de la acusación hubiese requerido una explicación
basada, simple y exclusivamente, en la Ley de Contratos del
Sector Público, indicando la sección, el artículo y el punto
que amparan el procedimiento llevado a cabo por ACEMSA.
Debate cerrado y Carracao KO besando la lona. De lo
contrario, como en este caso, las dudas son razonables y las
preguntas son más que necesarias. ¿Por qué no se previó esta
situación antes de recibir la EDAR? Y llegado ese momento,
¿solo existía las dos opciones expuestas ayer por el
Gobierno? ¿por qué Ecoceuta y no otra empresa? Estas son
algunas de las dudas y preguntas que el Ejecutivo podría
haber zanjado ayer de un plumazo y no hizo, generando a su
vez otra incógnita, ¿no lo hizo porqué no quiso o porqué no
pudo?
El Gobierno argumenta que no “elegimos a ningún proveedor y
nos limitamos a seguir abonando los servicios como hasta que
se nos entregó la planta, venía haciendo la constructora”,
pero la cuestión es que Joca es una empresa privada mientras
ACEMSA gestiona dinero público.
Por otro lado, una vez que la concesión recayó en la UTE, y
sobre la cuestión de si el coste del traslado de lodos se
detrae de las certificaciones o no, y si hay una diferencia
de 500 euros por camión que pierde la adjudicataria o Acemsa,
corresponde al denunciante, es decir, a Carracao y no al
Gobierno, aportar ‘la carga de la prueba’.
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OPINIÓN / EDITORIAL
