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Tras la polémica creada a raíz de la agresión a un niño en
la guardería Amor Fraterno, Caballas también ha salido a la
palestra para criticar la actuación del Gobierno de Vivas
que, dos días antes del suceso, rechazó en el pleno de la
Asamblea la moción del grupo localista para aumentar la
plantilla de este centro. En apenas dos líneas, Caballas
define como “corrupta y temeraria” la forma con la que
“funciona” el Gobierno local. A continuación, el grupo
remite el texto de la propuesta que presentó vía de urgencia
en el pleno del pasado 7 de octubre y que ahora cobra aún
más vigencia.
La propuesta exponía un acuerdo para ampliar la dotación de
recursos humanos de la Guardería I, en “una cantidad de
efectivos suficiente para garantizar una atención correcta a
los usuarios”. El grupo estimaba, tras hablar con los
trabajadores del centro, que cuatro profesionales más sería
la cifra idónea. Pero el Gobierno alegó que el personal era
suficiente y que, en todo caso, se vería qué necesidades
había y cómo trasladar trabajadores al centro, vía concurso
interno.
Mientras, en la exposición de motivos de esta petición,
Caballas denunciaba que “la delirante política de recortes
impuesta por el PP en el conjunto del país, plasmada entre
otras medidas en la prohibición de ampliar plantillas en las
administraciones públicas, está llevando a muchos servicios
a una situación límite que se adentra de lleno en la
irresponsabilidad”. Asimismo, Caballas, aseguraba que en
esta situación se encontraba la guardería municipal situada
en las instalaciones cedidas por la iglesia en la barriada
Juan Carlos I. “Los recortes de efectivos han llegado a tal
extremo que la atención a los niños y niñas de cero a tres
años, se hace en condiciones temerarias. Las condiciones
laborales de los escasos empleados públicos que allí prestan
sus servicios son inadmisibles, y la calidad del servicio
dista mucho de los parámetros exigibles a una administración
moderna”, avisaban. Por último, advertían al gobierno que no
podía permanecer “ajeno a esta lamentable realidad”. “Lo que
allí sucede es incompatible con los principios de un estado
democrático”, señalaban en su petición
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