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					El presidente del CGPJ considera que la Justicia tiene 
					que mejorar, sobre todo, en su organización, y resalta la 
					necesidad de modernizar su funcionamiento para evitar los 
					retrasos que provocan pérdida de confianza en la 
					institución. Lesmes se ha propuesto que los ciudadanos 
					aumenten su confianza en la institución que preside, para lo 
					cual ha presentado un portal de transparencia que permitirá 
					conocer cómo es su funcionamiento interno,las medidas que se 
					adoptan y su coste presupuestario. “Como objetivos 
					fundamentales hemos marcado la austeridad, la transparencia 
					y la cercanía con los propios jueces”, afirma Carlos Lesmes, 
					presidente del consejo general del poder judicial (cgpj) y 
					del tribunal supremo. 
					 
					Pregunta.- Usted fue nombrado presidente del Consejo General 
					del Poder Judicial en diciembre de 2013.¿Qué medidas ha 
					impulsado desde entonces en la institución? ¿Qué objetivos 
					se ha marcado durante su mandato?  
					 
					Respuesta.- La primera medida, buen gobierno; que el CGPJ 
					como Admi-nistración funcione de la mejor ma- nera posible, 
					con aquellas competencias que nos corresponden: realizar los 
					nombramientos, actuar con prontitud eligiendo a los mejores 
					candidatos para los cargos y administrar la carrera judicial 
					de la mejor manera posible. Como objetivos fundamentales 
					hemos marca- do la austeridad, la transparencia en su 
					funcionamiento y la cercanía con los propios jueces. .  
					 
					P.- Una de estas medidas ha sido la puesta en 
					funcionamiento de su portal de transparencia,convirtiéndose 
					así en una de las primeras Instituciones públicas que se 
					somete a los mandatos de la Ley de Transparencia y Buen 
					Gobierno.¿Qué fines persigue el portal y qué mensaje 
					pretende trasmitir con esta herramienta?  
					 
					R.– La transparencia en el funciona- miento de nuestra 
					institución procura que los ciudadanos ganen confianza en la 
					misma. Conocen cómo es su funcionamiento interno, conocen 
					las medidas que se adoptan y su coste presupuestario y todo 
					ello contribuye a generar confianza en la institución. Y a 
					la institución le supone una especial exigencia en cuanto al 
					buen comportamiento de todos los factores que intervienen en 
					ella.  
					 
					P.-¿Cuáles son,en su opinión,los proble-mas que acucian 
					actualmente a la Justicia?  
					 
					R.– La Justicia española tiene un problema de falta de 
					modernidad desde el punto de vista de organización y 
					funcionamiento que conlleva en numerosas ocasiones retraso a 
					la hora de dictar determinadas resoluciones de los jueces y 
					magistrados. Y eso muchas veces provoca pérdida de confianza 
					en la institución como mecanismo adecuado para la resolución 
					de los conflictos.  
					 
					P.-¿Qué visión cree que tienen los ciudadanos sobre el 
					órgano de los jueces? ¿Le preocupa que haya quien la 
					considere una institución politizada?  
					 
					R.– Sí me preocupa. Por eso, debemos trabajar todos para que 
					no se actúe por criterios políticos partidistas, sino con 
					criterios de objetividad, de transparencia y buen gobierno, 
					y desde una posición institucional neutral.  
					 
					Los ciudadanos no tienen un conocimiento muy exacto de lo 
					que acontece en el órgano de gobierno de los jueces. 
					Nosotros queremos que sea mejor conocido y que la opinión 
					sobre esta institución sea lo más favorable posible.  
					 
					P.-Como cabeza visible del CGPJ parece obligado 
					preguntarle por la reforma de la Justicia.Varias 
					asociaciones judiciales han mostrado su oposición a la misma 
					por conside- rarla técnicamente poco rigurosa. Desde otros 
					ámbitos, sin embargo, creen que puede ayudar a mejorar su 
					agilidad y reforzar la seguridad jurídica.¿ Cuál es su 
					postura?  
					 
					R.– Mi postura coincide con la se- gunda que usted me dice. 
					Creo que es una ley que, en caso de ser aprobada, 
					contribuirá decisivamente a una mejor organización de la 
					Justicia y a una modernización de la misma. Desde el punto 
					de vista técnico, no cabe duda alguna que podrá ser 
					mejorada, como cualquier anteproyecto de ley, en su trámite 
					parlamentario.  
					 
					P.-Uno de los fines de la reforma es concentrar la 
					Justicia en las capitales. Al margen de la apuesta por la 
					profesionalización de su administración de Justicia, ¿no 
					cree que esta medida puede distanciar a los ciudadanos de 
					los jueces?  
					 
					R.– No. Lo que creo es que mediante la concentración de los 
					medios se podrá prestar un mejor servicio a diferencia de la 
					actual de fragmentación de los órganos judiciales en 432 
					partidos judiciales.  
					 
					P.-Los detractores de la ley se oponen a aspectos como la 
					jurisprudencia vinculante del Supremo o a la Instrucción de 
					los tribunales colegiados por tratarse de un “instrumento 
					para intentar boicotear los casos sensibles para la 
					sociedad”como la corrupción política.¿Cuál es su opinión en 
					este sentido?  
					 
					R.– No creo que la intención sea la de boicotear porque tres 
					jueces no tienen por qué actuar de forma distinta desde el 
					punto de vista de la independencia que un único juez.  
					 
					Lo que sí puede ser discutido es que sea menos operativo 
					desde el punto de vista de que los tres como órgano de 
					investigación tienen que deliberar todas y cada una de las 
					decisiones que adopten.  
					 
					P.-El hecho de que más de la mitad de los vocales que 
					componen el CGPJ hayan emitido votos particulares al informe 
					que el órgano de los jueces aprobó sobre la ley de reforma 
					de la Justicia,¿no puede alentar la idea de que no se trata 
					de una ley lo suficientemente madura?  
					 
					R.– El informe fue aprobado mayo- ritariamente por el 
					Consejo General del Poder Judicial. Votaron a favor del 
					mismo 13 miembros y 8 votaron en contra. Por lo tanto, hubo 
					una clara mayoría favorable. El CGPJ elaboró su informe 
					después de recibir más de 1.400 aportaciones de jueces a ese 
					anteproyecto y de escuchar la opinión de los órganos de 
					gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de 
					los Tribunales Superiores de Justicia, además de una 
					representación de los jueces decanos y de las asociaciones 
					judiciales.  
					 
					P.-Los jueces decanos señalan que la Justicia no es una 
					prioridad para el Gobierno y ponen de manifiesto la falta de 
					medios materiales y humanos para hacer frente a una 
					sobrecarga de trabajo que aumenta un 120 por ciento cada 
					año.¿Qué se puede hacer para reducir esta carga de trabajo?
					 
					 
					R.– El último año no se ha producido un incremento de la 
					carga de trabajo sino al contrario. En algunas 
					jurisdicciones, como la contencioso-administrativa y la 
					civil, el número de asuntos ingresados se ha reducido de 
					forma muy significativa. Sí es verdad que otras 
					jurisdicciones como la social o mercantil han tenido 
					importantes incrementos. Yo creo que la Justicia necesita 
					mejorar en sus medios, pero sobre todo mejorar su propia 
					organización.  
					 
					P.-El CGPJ elabora informes trimestrales sobre diversas 
					materias. ¿Cuáles están siendo los efectos de la crisis 
					económica en los órganos judiciales?  
					 
					R.– Como he dicho antes hay algunos juzgados que han tenido 
					unos incrementos notables como son los juzgados de lo social 
					y los de lo mercantil, como consecuencia entre otras cosas 
					de los concursos de empresas y, por lo tanto, de la crisis 
					económica que estamos viviendo.  
					 
					P.-Los juzgados son un buen indicador como receptores de 
					los problemas de la sociedad, por ejemplo, la 
					vivienda.Recientemente, una asociación judicial ha acordado 
					pedir al Gobierno que se obligue por ley a los bancos a 
					eliminar las cláusulas suelo de los contratos 
					hipotecarios,ya que el Tribunal Supremo declaró abusiva esta 
					práctica por incluirla en los contratos sin informar al 
					cliente.¿Qué opinión le merece esta iniciativa?  
					 
					R.– No entra dentro de las competencias del CGPJ la 
					valoración de las iniciativas de las asociaciones 
					judiciales, que responden a las distintas sensibilidades 
					existentes en el seno de la carrera judicial, reflejo de su 
					pluralidad. En cualquier caso, tanto la sentencia del 
					Tribunal Supremo a la que hace referencia su pregunta como 
					otras resoluciones dictadas muy recientemente son una clara 
					demostración de que la actuación de los tribunales se dirige 
					siempre a la defensa de los derechos de los ciudadanos.  
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