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El fraude entre los adjudicatarios de Viviendas de
Protección Oficial es habitual y son varias las modalidades
de llevarlo a cabo. Alquilarla, venderla sin permiso, o
solicitar una segunda vivienda tras ser beneficiario, son
algunas de ellas y por eso Caballas preguntó ayer al
Gobierno si existe un registro de beneficiarios de VPO para
evitar estos fraudes. La consejera del área de Fomento,
Susana Román, le explicó que hay varios controles en este
sentido: un registro de solicitantes, un registro que
controla las transmisiones de estas viviendas e inspecciones
de control aleatorias.
Sin embargo, Mohamed Alí, portavoz del grupo localista,
señaló que el registro de beneficiarios es obligatorio y
ante esto Román abrió la puerta a buscar más mecanismos con
los que reforzar la lucha contra los fraudes en las
viviendas protegidas. Guante que recogieron desde la
oposición para erradicar estas prácticas que se dan en la
ciudad.
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medidas
