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Cuando se cumplen ocho meses de la tragedia del Tarajal, en
la que, el pasado 6 de febrero, 15 inmigrantes murieron
cuando intentaban entrar a nado en suelo español, el
Ministerio del Interior no ha identificado aún a los
guardias civiles que actuaron esa madrugada ni ha aportado
las imágenes de una cámara de visión térmica que grabó los
sucesos en el lugar que ocurrieron.
Ambas circunstancias las ponen de manifiesto dos
providencias, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, en las
que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de
Ceuta, María del Carmen Serván, apremia a Interior y al
Instituto Armado a que le facilite los nombres de los
agentes que repelieron el intento de entrada y las
grabaciones de las cámaras instaladas en los vehículos
búhos.
La identificación y posterior testimonio de los guardias
civiles -56, según el Ministerio- es crucial para esclarecer
qué es lo que ocurrió aquel día, cómo fallecieron los
inmigrantes y, sobre todo, si el lanzamiento de pelotas de
goma que realizaron los agentes pudo ayudar a que se
produjeran las muertes, una tesis que sostienen las ONG, el
PSOE y la Comisión Europea, entre otros.
Falta saber, asimismo, las circunstancias en que se
produjeron varias expulsiones en caliente, en las que hubo
al menos un inmigrante herido que fue devuelto por la puerta
de atrás de la valla sin recibir la debida atención médica,
como marca la ley.
De los hechos tienen mucho que contar los agentes que
actuaron aquel día. En la primera providencia, notificada el
29 de septiembre, la juez señala que “hasta la fecha no se
ha recibido contestación del informe solicitado a la
Comandancia de la Guardia Civil de esta ciudad,
procediéndose a recordar el urgente cumplimiento del mismo”.
Es decir, insta al Instituto Armado a darle los nombres de
los guardias para que pueda tomarles declaración.
Según las fuentes judiciales consultadas, la magistrada
dictó una providencia en julio reclamando a la Guardia Civil
las identificaciones de los agentes, pero no recibió
contestación y por eso decide ahora repetir la petición,
recalcando esta vez que se trata de un asunto “urgente”.
Sus demandas responden a una orden que le dio en julio la
Audiencia Provincial de Cádiz, después de que la magistrada
denegara en un primer momento la identificación de los
agentes y la práctica de otras diligencias. La Sección Sexta
de la Audiencia estimó el recurso de las acusaciones
populares y le dijo a la juez Serván que las diligencias
pedidas podían “ser perfectamente esclarecedoras o, al
menos, explicativas de lo que pudo acontecer”.
Órdenes de servicio y registro de operaciones
Entre estas diligencias, además de la identificación de los
agentes, se demandaban las órdenes de servicios y el
registro de operaciones, el material utilizado, el
inventario de embarcaciones, el registro de travesía y el
registro de posicionamiento, entre otros. Nada de todo esto
ha sido aportado aún a la causa.
La segunda exigencia de la juez es muy novedosa. Las
acusaciones habían pedido que la Comandancia de la Guardia
Civil de Ceuta presentara las grabaciones que fueron
realizadas el 6 de febrero por una de las cámaras de visión
térmica. Interior asegura que ha entregado al juzgado todas
las grabaciones realizadas aquel día, pero las acusaciones
han investigado y han descubierto que falta lo recogido por,
al menos, una cámara. Estaría instalada en un vehículo
policial que se encontraba “justo en la zona de grada-1,
cubriendo exactamente la zona del espigón del Tarajal donde
ocurrieron los hechos”.
De las imágenes que registró esta cámara no hay constancia
ni en el juzgado ni en las grabaciones que Interior colgó en
su día en su página web, pese a que, en los registros
sonoros, los agentes se refieren a ella como “búho 1”.
“Únicamente obran en las actuaciones las grabaciones
parciales de las citadas cámaras fijas, de lo que se
desprende que por parte de la Guardia Civil se ha omitido la
remisión de las grabaciones procedentes de las cámaras de
visión térmicas móvil”, señalaban las acusaciones populares
en un escrito remitido a la juez el 22 de septiembre.
Ahora, en una recientísima providencia del 1 de octubre, la
juez admite las diligencias solicitadas por las acusaciones
y da tres órdenes al Ministerio del Interior y a la
Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.
En primer lugar, pide a Interior que remita “el croquis de
localización exacta de las 38 cámaras de videovigilancia en
color, así como de las cámaras en blanco y negro instaladas
en el perímetro fronterizo de Ceuta con expresión exacta de
las que cubran los pasos fronterizos de Biutz y Tarajal”.
Además, reclama las grabaciones efectuadas por dichas
cámaras.
El segundo punto ordena a la Guardia Civil que aporte las
grabaciones del 6 de febrero de las “cámaras térmicas
móviles instaladas en los vehículos denominados búhos”. Por
último, exige a la Guardia Civil que informe de “quién
solicitó la autorización de material antidisturbios y por
qué medio se hizo”.
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La identificación y testimonio, crucial
La identificación y posterior
testimonio de los guardias civiles -56, según el Ministerio-
es crucial para esclarecer qué es lo que ocurrió aquel día,
cómo fallecieron los inmigrantes y, sobre todo, si el
lanzamiento de pelotas de goma que realizaron los agentes
pudo ayudar a que se produjeran las muertes, una tesis que
sostienen las ONG, el PSOE y la Comisión Europea, entre
otros.
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