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El coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín
Villaseñor, declaró este viernes por las denominadas
devoluciones en caliente de inmigrantes. El titular del
Juzgado de Instrucción número 2 lo ha imputado por un
presunto delito de prevaricación por la actuación de la
Guardia Civil en los saltos masivos que se produjeron el 18
de junio y el 13 de agosto, ya que considera que “no se
aplicó la legislación española en materia de extranjería” a
los inmigrantes que trataron de acceder clandestinamente a
Melilla.
Martín Villaseñor está imputado por un presunto delito de
prevaricación como el responsable de la Orden de Servicio
6/2014, titulada Dispositivo anti intrusión en la valla
perimetral de Melilla y protocolo operativo de fronteras. El
coronel jefe de la Guardia Civil firmó esta directriz,
fechada el 11 de abril de 2014, en la que se establece que
“en este sistema de vallas, la valla interna materializa la
línea que delimita, a los solos efectos de extranjería, el
territorio nacional”.
El coronel jefe de la Guardia Civil, ha negado haber
cometido irregularidad alguna en su responsabilidad al
frente del operativo anti-intrusión en la valla fronteriza
de Melilla. Después de declarar ayer durante dos horas y
media ante el juez Emilio Lamo de Espinosa, Martín
Villaseñor respondió brevemente a los muchos periodistas que
le estaban esperando en la puerta. Según dijo, “en ningún
caso” ha llevado a cabo ilegalidades y “siempre” ha actuado
“con la conciencia muy clara”. Es más, reiteró que “para
nada” ha dado órdenes que pudieran vulnerar la ley. “En
ningún momento”, subrayó.
Asimismo, dijo confiar en el procedimiento judicial
“absolutamente” y cree que ahora “todo está en manos de su
señoría”. “Él decide”, apuntó el coronel, que aprovechó la
ocasión para dar las gracias por el respaldo que ha recibido
en los últimos días. “Muchísimas gracias por el apoyo que he
sentido en todo momento de cantidad de gente que incluso
tenía ya casi olvidada”, han sido sus primeras palabras ante
los micrófonos y las cámaras.
La declaración judicial del coronel jefe fue larga, dos
horas y media exactas, ya que en la comparecencia se han
visionado los vídeos que las ONG denunciantes han presentado
como prueba. La declaración empezó puntual, a las 9.00
horas. Martín Villaseñor salió del juzgado a las 11.36 horas
acompañado de su mano derecha en la Comandancia de la
Guardia Civil, el comandante Arturo Ortega, y el cabo del
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) Javier
Ferrón, que permaneció todo el tiempo dado apoyo como ya
hiciera con ambos el pasado martes cuando acudieron a
declarar por el caso de la devolución de los 21 kamikazes.
‘Hay muchas diligencias por practicar’
Para la acusación particular, la imputación del jefe de la
Guardia Civil y su declaración ante el juez es solo uno de
los primeros pasos, ya que ha anunciado que a medida que
avance la investigación piensa pedir “más imputaciones”. Así
lo ha apuntado Patricia Fernández, la abogada que en este
caso representa a las tres ONG denunciantes, que ha
considerado que el solo hecho de que haya una investigación
en marcha sobre las devoluciones en caliente ya es por sí
mismo positivo.
“Creemos que hay muchas diligencias por practicar, estaremos
en ello”, ha advertido Fernández en una breve valoración
ante los periodistas, a los que no ha querido desvelar
detalles concretos de lo que ocurrió en el despacho del juez
Lamo de Espinosa en la mañana de ayer porque las
declaraciones de instrucción son secretas.
Sí concretó, por ejemplo, que el jefe de la Guardia Civil se
negó a responder a las preguntas de la acusación y sólo ha
contestado al juez, el fiscal y la abogada del Estado, que
ejerce su defensa. Fernández ha reconocido que no declarar
en contra de sí mismo es un derecho legítimo que asiste a
cualquier imputado, pero no ocultó su decepción por no haber
encontrado respuestas a sus preguntas. “Esperábamos que
hubiera contestado y ayudar al esclarecimiento de los
hechos”, dijo.
El resto de preguntas que se formularon en el juzgado
versaron sobre los hechos que han sido objeto de la
imputación, en las que el coronel jefe “se ha ratificado en
su orden de servicio y luego ha ido matizando algunos
aspectos que le han preguntado”.
En resumen, la abogada de las tres ONG ha afirmado que el
interrogatorio, pese a que ha durado dos horas y media, “no
ha sido excepcionalmente largo ni extenuante”, aunque se ha
prolongado porque son “muchas partes” las que están
personadas en este caso, concretamente la Abogacía del
Estado, Andalucía Acoge, SOS Racismo, Prodein y la
Coordinadora de Barrios de Madrid.
Asimismo, avanzó que el juzgado está realizando distintas
diligencias de investigación “ordenando el esclarecimiento
de los hechos”, lo que incluye el visionado de cámaras.
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Las tres ONG denunciantes han aportado vídeos
Las tres ONG denunciantes han
aportado vídeos de los intentos de entrada masiva a Melilla,
en los que el juez se basa en su auto para apuntar la
posibilidad de que se hubieran dado devoluciones en caliente
cuando en realidad los inmigrantes deberían haber sido
entregados a la Policía Nacional aplicando la Ley de
Extranjería. Estos vídeos demuestran que “varios ciudadanos
subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil
a las fuerzas auxiliares marroquíes” a través de la puerta
de servicio de la valla “sin que conste que los mismos
fueron trasladados a Jefatura Superior del Cuerpo de Policía
Nacional”, conforme detalla el auto del juzgado. Según el
auto, lo que las imágenes reflejan tampoco cumplen con lo
que se establece en el Acuerdo de Readmisión firmado entre
España y Marruecos en 1992, que entró en vigor el 21 de
octubre de 2012. En virtud de dicho convenio, España puede
devolver a Marruecos inmigrantes que hayan entrado
ilegalmente procedentes del país vecino, pero cumpliendo con
una serie de requisitos y “mínimas garantías”.
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