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El caso de las recetas sustraídas de las consultas del
Hospital Universitario de Ceuta, donde fue detenido un
vigilante de seguridad de Prosegur como presunto autor de
estas sustracciones, y donde con anterioridad habían
detenido a otras dos personas por presuntamente estar
implicados en este fraudulento asunto, continúa abierto y
tanto es así que ya no son tres los imputados, sino que esta
cifra se ha aumentado hasta seis, ya que las investigaciones
que se están llevando a cabo han desvelado que no sólo se ha
estado “traficando” con recetas del Ingesa, sino que el caso
va más allá y ha salpicado también al Instituto Social de
las Fuerzas Armadas (ISFAS) ya que también hay recetas
militares entre las encontradas.
Esta situación abre aún más el abanico, ya que las recetas
militares son nominativas y a su vez llevan un código.
Igualmente, tal y como ha podido saber este diario, los
propietarios de estas recetas son responsables de las
mismas, y dentro del régimen militar supone un delito
cualquier incidente que ocurran con las mismas ya que estos
propietarios están en la obligación de dar correcto uso a
las mismas.
Dentro de la investigación de todo ello, en una de las
entradas y registros que también se llevaron a cabo para
descubrir más sobre el caso de las recetas y tod el
procedimiento que estában llevando a cabo también han
aparecido dos revólveres, uno del calibre 38 y otro del
calibre 35 que al parecer no están identificados ni
adscritos a nadie y que han sido trasladados a intervención
de armas para intentar averiguar la procedencia de los
mismos.
A este respecto, hay que resaltar que el procedimiento
empleado era la captación de estas recetas, bien del Ingesa
o bien del ISFAS para poder retirar de las diferentes
farmacias ceutíes psicotrópicos como Rivotril y Tranquimazín,
así como otros estupefacientes, con los que finalmente se
comercializaba.
Hay que recordar que el viser, perteneciente a la empresa
Prosegur, que es la adjudicataria del servicio de seguridad
del HUCE, y que responde a las iniciales J.CH. quedó en
libertad con cargos después de pasar a disposición judicial
para prestar declaración ante el juez.
Precisamente, sobre este asunto, el CNP ya detuvo el pasado
miércoles día 10 de septiembre a dos varones de 59 y 23 años
de edad por la presunta implicación en la falsificación de
“cientos” de recetas médicas.
En este sentido, la primera investigación se inició en julio
después de que “varios” facultativos denunciasen a lo largo
del verano que la Inspección Farmacéutica había dado la voz
de alarma ante la detección de un “gran número” de recetas
supuestamente expedidas por ellos en las que se prescribían
ese tipo de medicamentos.
Los propios médicos constataron que las recetas habían sido
adquiridas fraudulentamente y que sus firmas y sellos
estaban “falsificados”. Los agentes encargados de las
pesquisas policiales lograron, tras entrevistarse con los
farmacéuticos, identificar al adquiriente de las medicinas,
un individuo de 59 años con antecedentes penales por
tenencia de drogas.
M.G.C., al que se imputa un delito de falsificación de
documentos y otro contra la Salud Pública, declaró tras ser
arrestado que las recetas se las facilitaba “una tercera
persona” que, “sin ánimo de lucro”, le encargaba que
comprase los psicotrópicos.
Finalmente, los agentes también detuvieron a un joven de 23
años cuya identidad responde a las iniciales J.P.A., sin
antecedentes, después de que un particular denunciase a la
Policía que el Isfas le había alertado de que con recetas a
su nombre se estaban expidiendo estupefacientes “pese a que
a él no se las habían prescrito ni recordaba haber
extraviado su talonario”.
Todas estas personas deberán acudir a declara una vez se
fije la vista y comience el juicio.
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investigación
