“Padres marroquíes con hijos españoles, pero en situación
irregular se encuentran marginados, discriminados, y
humillados por estar privados del derecho más importante de
la vida que es la familia al no poder residir en la ciudad”.
Así define Rahma Mokhlis la situación que atraviesan varias
familias de la barriada que preside, Benzú, para denunciar
que se está discriminando a los menores a los que, entiende,
que se les está negando el derecho a convivir con sus
padres. Y es que, en Ceuta se da la situación de ciudadanos
marroquíes que, a pesar de estar casados con ceutíes y de
tener hijos, no cuentan con un permiso de residencia y están
obligados a abandonar la ciudad por la noche.
“A todas estas familias afectadas se les niega disfrutar de
los pilares esenciales del estado”, manifiesta Mokhlis para
advertir que los horarios permitidos para estar en la ciudad
son “demasiado restrictivos”. Una situación que lleva a
muchas personas a intentar burlar la normativa para estar
junto a su familia. “De esta manera están discriminado al
menor de no tener el mismo derecho que otros menores de
convivir junto a sus padres”, reitera la representante
vecinal en declaraciones a EL PUEBLO. Además, la presidente
de Benzú, va más allá y alerta de que la situación que se da
en Ceuta, “curiosamente es contraria al articulo 154 del
Código Civil y Ley Comunitaria”, donde prevalecen los
derechos del niño en casos como los que se dan entre las
familias de Benzú. .
Código Civil
Mokhlis se remite al Código Civil, en su artículo 154, y
señala que los extranjeros extracomunitarios residentes en
España tienen las mismas obligaciones, derechos y deberes
para con sus hijos menores que los padres o tutores
españoles. “El artículo reconoce el derecho del hijo menor a
estar, crecer, criarse y educarse con sus padres y la
obligación y el derecho de los padres de velar por sus
hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formación”, apunta para denunciar que los
derechos del menor en Ceuta “son inexistentes puesto que la
no libertad de estas personas se ha normalizado tanto por la
Ciudad Autónoma como por la Delegación del Gobierno”.
Para Mokhlis, las autoridades “desconocen el drama social
que viven constantemente las personas afectadas, los menores
y el círculo que les rodea” y así lo lamenta. Por último, y
en relación a los requisitos que les exigen desde
Extranjería a quienes piden la residencia, como que tengan
un contrato laboral por un plazo mínimo de un año, la
presidenta de Benzú señala que estas condiciones son
“inalcanzables” si se tiene en cuenta lo complicado que está
el mercado laboral incluso para aquellos que sí son
españoles.
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