El Gobierno ha convocado la Mesa General de Negociación de
las Administraciones Públicas como un mero trámite para
informar a las organizaciones sindicales de aspectos de lo
que ya nos habían informado los medios de comunicación. Una
vez más, el Gobierno sortea in extremis la legalidad
vigente: convoca la Mesa, pero la vacía de sentido.
Con la Negociación Colectiva rota desde el año 2010, el
Gobierno saca adelante unilateralmente sus decisiones y
vuelve a cargar contra los tres millones de empleados
públicos congelándonos el salario por quinto año
consecutivo. El Gobierno sigue destruyendo empleo público
reduciendo a mínimos la OPE (la tasa de reposición pasa del
10 al 20%, pero solo en servicios esenciales: sanidad,
educación, lucha contra el fraude, fuerzas de seguridad del
Estado,...) y devuelve como si fuese una prebenda un
porcentaje mínimo de la paga extra que eliminó en
2012, la parte devengada, un derecho ya reconocido por los
Tribunales.
La FSP-UGT ha afirmado que lo que ofrece el Gobierno a los
empleados públicos desacredita el discurso del presidente
del Gobierno acerca de la recuperación, porque no hay subida
salarial y los sacrificios que nos pidieron en su momento no
han sido compensados.
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