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Los aspectos referidos al empleo y los salarios del personal
de las Administraciones Públicas que el Gobierno llevará al
proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2015 son:
Nuevamente congelación salarial para el año 2015, para todas
las empleadas y empleados públicos; Devolución de tan solo
el 25% de la paga extraordinaria del año 2012, a pesar de
sus promesas reiteradamente incumplidas; La tasa de
reposición será del 20%, por lo que se mantendrá la
congelación de la OEP en la mayoría de los sectores de las
diferentes Administraciones.
La propuesta también contradice el estado de “recuperación
económica” de que tanto habla el Gobierno, que ha
“decretado” y publicita ante la opinión pública, mientras
mantiene los sacrificios y recortes en el empleo y en los
salarios públicos pese a que se decía que eran
“coyunturales”.
Tanto la inexistencia de proceso de negociación previo como
el propio desarrollo de la reunión (a la que se niega
capacidad alguna de negociación) choca frontalmente con el
compromiso de apertura del diálogo social comprometido por
el gobierno en la Declaración de 29 de julio.
La propuesta con relación al empleo público (20% de Tasa de
Reposición y solo de algunos colectivos; en los demás, ni
siquiera habrá OEP) seguirá destruyendo empleo público (se
llevan destruidos más de 400.000 puestos de trabajo desde el
inicio de la eufemísticamente llamada crisis) y precarizando
el mismo.
La propuesta económica (congelación y devolución del 25% de
la paga extra robada en 2012) en realidad solo recoge lo que
los tribunales y la presión sindical ya vienen forzando
sobre la parte devengada. En la Administración de Justicia
la parte devengada es la totalidad de la paga de 2012, por
lo que para nuestro sector la decisión del Gobierno es aún
más grave.
El Gobierno no compromete en absoluto la restauración de los
restantes derechos robados, como el resto de días de asuntos
particulares y de vacaciones, el abono del 100% en caso de
IT….. condiciones laborales éstas últimas también recortadas
en 2012. Y tampoco la recuperación del poder adquisitivo
perdido en estos años ni el recorte salarial de 2010 del
gobierno anterior.
CCOO, sindicato mayoritario en toda la Función Pública (*),
rechaza estas propuestas y denuncia que el Gobierno ha
hurtado, una vez más, el proceso de negociación con las
organizaciones sindicales al que obliga la ley, tratando de
convertirlo en un mero proceso de información. Y no vamos a
consentir que, nuevamente, sean las empleadas y empleados
públicos los paganos, en sus salarios y condiciones
laborales, y la ciudadanía, por una peor prestación de
servicios públicos.
El mismo Gobierno que dice impulsar el Diálogo Social, lo
niega donde es directamente el responsable. Parece que el
Gobierno, en lo que afecta al empleo, a los salarios y a los
servicios públicos, camina en la dirección contraria a su
propia propaganda. Tratan de convencernos de que la
recuperación económica está aquí, que salimos con fuerza,
pero siguen castigando a las empleadas y empleados públicos.
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comisiones obreras
