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Desde los atentados del 11 de marzo de 2004 España no había
movilizado tantos recursos por una cuestión de seguridad
nacional en tan poco tiempo. El Estado Islámico (EI) se ha
convertido en una obsesión para los responsables
gubernamentales. Los informes de inteligencia y de la
Policía insisten desde el comienzo del verano en que el
‘califato’ implantado a caballo entre Siria e Irak no es una
realidad lejana, sino una amenaza muy cercana.
El último de estos informes tiene fecha del pasado martes y
procede del Ministerio de Defensa. En este análisis, el
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) alerta sin
matices de que España está en la mira de los muyahidines del
autoproclamado califa Abu Bakr al Baghdadi y que cada vez
las referencias a Al Andalus son más reiteradas.
Según el teniente coronel Francisco J. Berenguer Hernández,
que firma el informe, “el pasado histórico de España la
sitúa como uno de los objetivos emblemáticos del imaginario
colectivo de la yihad internacional, tantas veces citado en
sus escritos y propaganda, pero con un incremento
estadístico notable durante los últimos meses, coincidentes
con la creación y expansión del Estado Islámico”. Berenguer,
que es analista principal del IEEE, recuerda que incluso
“está siendo frecuente” la publicación en internet “de
fotografías de lugares o monumentos emblemáticos españoles
con la presencia de la bandera del EI, realizados in situ
por miembros o simpatizantes” de este movimiento.
En la línea con otros informes de inteligencia, el IEEE
insiste en que el Estado Islámico “no es un problema
exclusivamente de Medio Oriente”. Los sangrientos atentados
yihadistas cometidos, principalmente, en Estados Unidos, el
Reino Unido y España, en la pasada década, se concibieron,
diseñaron, planificaron y financiaron desde la seguridad que
el Afganistán gobernado por los talibán prestó a la Al Qaeda
entonces liderada por Bin Laden. El temor a la reedición de
un santuario yihadista similar está más que justificado”,
apunta el informe.
Los documentos de Defensa insisten en el peligro de que
buena parte de los yihadistas que ahora militan en las filas
de Estado Islámico vuelva a sus países de origen. Más de
medio centenar de españoles -la mayoría de origen marroquí y
residentes en Ceuta y Melilla- ya han viajado a Irak y Siria
y nadie descarta que pretendan regresar. “Esta amenaza ha
sido igualmente destacada por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad españoles, así como por numerosos expertos en
terrorismo”, recuerda el último estudio sobre EI y sus
vínculos con España conocido hasta el momento.
Máxima alerta
Tras informes como éste, la movilización en Interior,
Defensa, Exteriores, Justicia y el Ministerio de la
Presidencia, del que depende el CNI, es máxima en las
últimas semanas, a pesar de que ninguno de los informes del
Centro Nacional de Inteligencia o de los servicios de
información de la Policía y la Guardia Civil apuntan a la
existencia de indicios de un ataque en suelo español por
parte de EI. El pasado 9 de septiembre, Interior decidió
elevar el nivel de alerta antiterrorista. Fue el primer
gesto visible para la opinión pública, pero lo cierto es que
desde primavera se suceden los informes inquietantes, sobre
todo por parte de los expertos de Interior tras la caída de
varias redes dedicadas a la captación de acólitos para el
‘califato’.
El departamento que dirige Jorge Fernández no ha perdido el
tiempo. Se han reforzado en las últimas semanas las
plantillas de los servicios de información en Ceuta y
Melilla, principalmente, como embrión del Plan Estratégico
Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV)
que el Gobierno quiere aprobar en breve. El propio ministro
se ha embarcado en una gira esta semana en Estados Unidos
para mantener engrasados los contactos con las agencias de
seguridad que más saben de Estado Islámico. Ha mantenido
reuniones con los máximos responsables de la CIA, el FBI o
la Secretaría de Seguridad Nacional. De forma paralela,
Exteriores e Interior han estrechado los lazos con los
servicios de espionaje marroquíes en las últimas semanas.
Más de 1.200 ciudadanos del país magrebí, muchos de ellos
con fuertes vínculos en España, se han enrolado a las
órdenes de Abu Bakr al Baghdadi, y han alcanzado incluso
puestos de responsabilidad desde los que han amenazado a
España a través de internet.
Los letrados de Interior, junto con los de Justicia,
estudian desde principios de septiembre la posibilidad de
reformas penales, todavía no muy claras, para castigar como
terrorismo la participación en cualquier guerra en el
extranjero y endurecer las penas para el adiestramiento
pasivo, la “auto radicalización” o el proselitismo de la
yihad a través de las nuevas tecnologías. Pero también se
analizan cuestiones más peliagudas como “nuevos instrumentos
legales” para impedir la salida de radicales a zonas de
conflicto o la retirada preventiva del pasaporte a
sospechosos yihadistas. Incluso -revelaron fuentes
gubernamentales- se estudian modificaciones en la ley de
extranjería para acelerar deportaciones de personas
radicalizadas.
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terrorismo yihadista
