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El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de Ceuta ha
fallado a favor del recurso presentado hace unos meses por
Fatima Hamed después de que, tal y como manifestó la
diputada no adscrita a la Asamblea ante los medios de
comunicación, “tanto el Gobierno del PP como su socio en la
sombra, pactando con los demás grupos de la asamblea
llegaran al acuerdo de que no pudiese hablar en los plenos,
no pudiese presentar ni propuestas ni mociones de urgencia,
buscando acallarme y buscar acallar la voz de todos los
ciudadanos a los que represento”.
El fallo de la sentencia fue considerado por Hamed de mucha
relevancia y especialmente para el funcionamiento de la
Asamblea.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación,
Hamed procedió a leer el fallo de la sentencia, la cual
refleja que “estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Fatima Hamed Hossain contra la Ciudad
Autónoma de Ceuta, se declara la no conformidad a derecho y
se anula la actuación administrativa impugnada por vulnerar
el derecho de participación política que como diputada no
adscrita tiene reconocida por el artículo 23 de la
Constitución Española. Y ello, con expresa imposición de
costas por la parte demandada”.
La diputada no adscrita manifestó que este fallo de esta
sentencia viene a “echar por tierra esos pactos, esas
connivencias que ha habido, y todas las trabas que se me han
puesto, que han sido muchísimas”, mientras que reconocía que
para ella y sus allegados se quedan los malos momentos que
han pasado a lo largo de los últimos meses “luchando y
reivindicando” sus derechos, remarcando que confía
plenamente en la dignidad de las personas, y en la
importancia de reivindicarla por todas las vias posibles.
Por ello valoró finalmente que la justicia le haya dado la
razón a esa petición que realizaba como diputada de la
asamblea, “echando por tierra totalmente los argumentos
tanto del Gobierno del Partido Popular como a los que
pudiera haber llegado en connivencia con el resto de grupos
de la Asamblea”.
Hamed destacó que durante todo este proceso ha utilizado su
“dignidad como instrumento, mis derechos como fin y la
justicia como voz”, advirtiendo que cuando la justicia habla
“hay que respetarla y acatar sus decisiones”.
Ya con la sentencia en la mano, y pese a que cabe recurso de
apelación por parte de la Ciudad quien dispondrá de quince
días a partir del próximo lunes, Hamed se mostró esperanzada
de que “igual de rápido y las mismas prisas que se dieron
por amordazarme, se la den ahora para acatar esta sentencia
y ejecutarla”, mostrándose firmemente convencida de que “es
en el seno de la Asamblea donde se me tiene que escuchar
como representante de los ciudadanos en ejercicio de ese
artículo 23 de la Constitución Española”.
La diputada no adscrita de la Asamblea indicó que el
problema básico que tiene este gobierno “y que arrastra a su
socio a la sombra, es que se creen por encima del bien y del
mal, se creen que está por encima de la justicia y se creen
que están por encima de los valores que inspiran los
derechos fundamentales de las personas”.
Independientemente de que el Gobierno recurra o no la
sentencia al recurso contencioso-administrativo presentado,
Hamed ha adelantado que solicitó una medida cautelar para
que se deje sin efecto ese acuerdo, el cual ha sido estimado
también por el mismo juzgado, por lo que espera poder
intervenir, tal y como así indica la sentencia, en la
próxima sesión plenaria de la Asamblea. En este sentido,
Hamed consideró “lamentable” haber tenido que recurrir a la
justicia para que se le reconozcan sus derechos
democráticos, aunque “teniendo en cuenta que este Gobierno y
sus cómplices ni reconocen la democracia ni parecen aceptar
las decisiones y la legitimidad del pueblo a la hora de
elegir a sus representantes, ni respetan la voz de la
ciudadanía en muchos foros”, lo vio hasta normal.
Durante su intervención, Hamed destacó de la sentencia que
entre los hechos probados se resalta que “entre las
funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función
representativa que constitucionalmente corresponde a los
miembros de una corporación local, incluyendo obviamente a
los diputados no adscritos, se encuentran, en todo caso, la
de participar en la actividad de control del gobierno local
(puede presentar mociones y escritos), plena participación
en el Pleno de la corporación (puede participar en las
deliberaciones, en el turno de intervenciones y ejercer el
derecho al voto en los asuntos sometidos a votación en este
órgano), así como el derecho a obtener la información
necesaria para poder ejercer las anteriores”. A este
respecto, la diputada no adscrita recordó que ya advirtió a
la Ciudad que existía jurisprudencia a nivel nacional, que
existían sentencias del Tribunal Constitucional y que no
atender al contenido de ello podría suponer la declaración o
la realización de un acto administrativo contrario a lo que
se dispone en la ley a sabienda de su injusticia, de ahí
que, aunque considerara que la decisión final “debe ser
tomada después de una reflexión bastante profunda”, se
reserva el derecho de emprender cualquier otro tipo de
acción penal que se pueda derivar de la sentencia conocida
ayer, e insistió en que siempre la ha movido y la va a mover
la “dignidad, le pese a quien le pese”.
Antes de concluir, Hamed no quiso olvidarse de dar las
gracias públicamente a todas y cada una de las personas que
desde que tomó la decisión de no pertenecer a ningún grupo
parlamentario le han venido mostrando su apoyo todos los
días en público y en privado, manifestando que esta
sentencia “viene a reforzar mi interés en esa lucha por
aquellas personas que no pueden llevar a cabo la
reivindicación de sus peticiones más legítimas, y en
intentar que se haga justicia social y en todos los ámbitos
que sea posible a todos los ciudadanos de Ceuta”.
Finalmente, y para concluir, Hamed se mostró esperanzada en
que todas aquellas personas que “se alegraron el día que se
vulneraron mis derechos y que pensaron que nunca iba a
llegar esta resolución judicial, espero que esa risa, esa
sonrisa y esa mofa se torne ahora en respeto a una sentencia
judicial y a la labor que realizo como diputada de la
Asamblea”.
Por último, la diputada no adscrita de la Asamblea recordó
que desde el primer día ha venido defendiendo que se trata
de un derecho consitucional, que viene recogido en el
artículo 23 de la Constitución, y que “ningún reglamento de
ninguna Asamblea, ningún pacto político, ninguna junta de
portavoces y ninguna mesa puede saltarse a la torera la
Constitución y criterios que son superiores, pero
desgraciadamente parece ser que el cónclave inquisidor que
hay en esta ciudad había llegado a la determinación o tiene
ya excesivamente concebido y excesivamente asumido que
pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran”.
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grupo no adscrito
