CSI-F a través de un comunicado de prensa, informaba ayer
que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se
encuentra ultimando el diseño de un protocolo de actuación,
acordado junto con CSI-F, contra las agresiones físicas,
verbales y amenazas que sufren los empleados públicos en su
puesto de trabajo, ante el “volumen creciente” de estas
situaciones durante los últimos años.
CSI-F, recalca que estas situaciones son “delitos
específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios
públicos, reciben el nombre de atentados, resistencia y
desobediencia y están regulados en el artículo 550 del
Código Penal.
El protocolo recabará la experiencia personal de los
empleados públicos que realizan trabajos con especial riesgo
(trabajo con el público, personaciones o embargos y se
establecerá un dispositivo preventivo adaptado en cada
ámbito: sistemas de detección, timbres de alarma, pantallas,
personal de seguridad, cámaras y protocolos de colaboración
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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