El poRtavoz del Gobierno ha informado al presidente de la
Ciudad, durante el transcurso del Consejo de Gobierno, del
estado en el que se encuentra el expediente de modificación
del contrato con la empresa Trace, argumentando que es
consciente que el anuncio que realizó el viernes de la
semana pasada sobre el incremento del mismo “no ha gustado a
muchos y ha existido discrepancia por lo que he podido leer
en los medios de comunicación”. Carreira explicó que hay
quién ha dicho que hay que “resolver este contrato e iniciar
uno nuevo”, lo que sucede es que “nosotros no pensamos así y
creemos que la solución estamos adoptando es coherente y
lógica” y este momento se está a la espera que la dirección
facultativa del contrato haga un propuesta para solicitar, a
renglón seguido, “los dos informes que se necesitan en el
expediente”, que son los de intervención y el del secretario
general y “proceder a la firma del decreto”.
En este sentido, Carreira alegó que tiene una “ruta marcada
y un horizonte” que coincide con el final del mes. Con todo,
el portavoz recordó que existe una petición por parte de los
socialistas para la celebración de una junta de portavoces,
explicando que el Gobierno facilitará toda la información a
los grupos políticos y “el expediente no es que sea
transparente, si no que será público, como es costumbre en
esta casa, dijo.
A partir de ese momento, según manifestó, cada partido
político podrá posicionarse como mejor crea conveniente.
Carreira hizo especial hincapié en dos cuestiones. La
primera de ellas es que “los créditos que se incrementen lo
serán para que se aumenten los servicios” Al respecto dijo
que lo que el Gobierno pretende no es pagar más por el mismo
servicio, si no “pagar más por más servicios, a los mismos
precios que establece el contrato”. Es por lo que entiende
que no existe un incremento de los “precios unitarios” y dar
con esto “una respuesta a los ciudadanos de Ceuta, que se la
merecen, y porque la Administración ceutí en estos momentos
“tiene holgura económico financiera para poder hacerlo”.
Carreira también dijo que aunque el máximo que permite la
ley para el aumento del contrato es del diez por ciento, el
“Gobierno no va a ir al máximo”, pasando a detallar como se
ha ido montando este expediente.
Así, el portavoz explicó que la consejería de Medio Ambiente
ha estado recibiendo informes y quejas de las distintas
asociaciones de vecinos advirtiendo de que “se han reducido
los niveles de calidad de limpieza”. Carreira matizó sobre
este particular que hay una cosa importante, que no es que
los informes indiquen que la empresa no esté cumpliendo con
su obligación, “es que entonces estaríamos hablando de otra
cosa”.
Estas aportaciones, más algún informe más, dijo el portavoz,
algunas estadísticas relativas al incremento de población,
aunque insistió que lo más importante es lo que han dicho
los colectivos vecinales, que son “los que viven día a día
los problemas y si el servicio para ellos no es
satisfactorio, tampoco puede serlo para nosotros”.
Expediente
A partir de ahí, el consejero de Medio Ambiente trasladó a
la dirección facultativa “todo esto” y ésta está eleaborando
una ficha técnica respecto de los servicios que se prestan
ajustándose al contrato y “si esas quejas tienen fundamento,
que consideramos que si”.
La dirección facultativa ha reconocido, dijo Carreira, “que
se han podido comprobar y constatar las quejas vecinales” y
es por lo que está elaborando un informe de las deficiencias
que el “servicio, efectivamente prestado y de acuerdo con el
contrato, pone de manifiesto que el nivel de calidad y de
insatisfacción de los vecinos se corresponde con la
realidad”.
Ante ello, la empresa va a proponer “que medios hay que
suplementar, tanto humanos como de maquinaria, para
conseguir esa calidad que los vecinos demandan y a la que
tiene derecho”. “Y lo va a cuantificar, aplicando a cada uno
de los medios, los costes que en el contrato se estableces
como precios unitarios” . Cuando el Gobierno tenga la
cantidad resultante de esta cuantificación será cuando el
consejero de Hacienda anuncie el porcentaje de aumento que
sufrirá el contrato de la limpieza, aunque es obvio que no
podrá ser superior al diez por ciento, puesto que esa es una
limitación que prohibe la legislación de Contratos del
Estado, aseguró el portavoz del Gobierno.
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