Qué ha llevado al consejero de Hacienda, Economía y Recursos
Humanos a no firmar, en casi tres meses, el expediente que
obliga a la empresa Intervías a pagar 700.000 euros por
retirar su oferta del concurso para hacerse con el servicio
de gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
y, en consecuencia, que el contrato se le adjudicara a la
UTE formada por Joca y ACC, esta última empresa del mismo
grupo que Intervías, pero cuya oferta estaba 700.000 euros
por encima. Esta es la pregunta que ayer lanzó la diputada
no adscrita Fatima Hamed al Gobierno para que dé respuesta
de por qué aún no ha reclamado este dinero y para, además,
alertar de que si el consejero no firma antes del día 20 de
este mes, el expediente caducara. Y es que, el tiempo
establecido para notificar a la empresa esta sanción era de
tres meses y ya casi se ha cumplido el plazo establecido.
La diputada, que ofreció ayer una rueda de prensa para
denunciar la situación, recordó que Intervías retiró su
oferta, que fue considerada baja temeraria, sin dar ninguna
explicación y que, por tanto, el contrato se adjudicó por
700.000 euros más a Joca y ACC. Un hecho que ha llevado a
los técnicos a elaborar un expediente en el que se exige a
Intervías la diferencia entre los dos contratos en calidad
de daños y perjuicios, ya que la Ciudad ha tenido que abonar
más dinero.
“La Ciudad no puede permitirse el lujo de que este
expediente caduque porque con ese dinero se puede hacer
mucho”, recordó Hamed, que ya denunció en julio que la
retirada de Intervías sin justificar y en beneficio de otra
empresa del mismo grupo podría ser motivo para que la
administración prohibiera contratar con ella. Sin embargo,
este expediente no contempla este extremo.
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