Caballas advirtió ayer a través de una nota de prensa que
“no va a consentir que el Gobierno siga manteniendo la
postura de ‘Don Tancredo’ ante “la injusta e injustificada
política de recortes y desmantelamiento de los servicios
púbicos, impuesta por el Gobierno de Rajoy”, que “está
causando auténticos estragos en servicios públicos
municipales extraordinariamente sensibles y vitales para
nuestra Ciudad”.
Para la coalición “la irracional prohibición taxativa de
contratar personal, independientemente de las circunstancias
que generen las vacantes, está llevando a nuestra Ciudad a
situaciones absurdas. No se pueden prestar servicios
obligatorios sin empleados que lo atiendan”.
Como ha denunciado Caballas reiteradamente, “la situación
que atraviesan los servicios sociales de la Ciudad es
lamentable (los expedientes de personas necesitadas se
demoran más de ocho meses); o la precariedad en la que
funciona el área de menores es indecente (en la Esperanza no
existe un proyecto educativo por falta de personal, el
déficit de la plantilla de Punta Blanca es impresentable…)”
Caballas lamenta que “un nuevo servicio se suma a este
infame inventario. Las escuelas infantiles de la Ciudad
comienzan el Curso Escolar con una plantilla bajo mínimos
que impide una atención digna a los menores allí
escolarizados. No es posible atender a niños y niñas de 0 a
3 años, que demandan una presencia permanente de
profesionales junta a ellos, con plantillas que no permiten
realizar dos funciones simultáneamente. Esta situación no
sólo supone una precarización inadmisible de un servicio
público, sino que se convierte en una tortura para los
profesionales y una temeridad”, afirman.
Caballas argumenta “existen argumentos más que sobrados para
justificar una recomposición de las plantillas”, añadiendo
que “existe un margen presupuestario más que suficiente para
financiar los incrementos de plantilla. El Gobierno de la
Ciudad debe apelar a nuestra condición de autonomía (para
algo tendrá que valer) a la necesidad de prestar servicios
obligatorios con un mínimo de calidad y son riesgo para los
administrados; y exigir al Gobierno de la Nación
autorización para proceder al reforzamiento de las
plantillas de los servicios básicos. Si no lo quien
entender, habrá que actuar desde la autonomía que la
Constitución consagra para el desarrollo de las competencias
que las administraciones tiene asignadas con un mínimo de
dignidad”.
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