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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)
ha propuesto al Gobierno la reserva de un cupo de plazas en
la administración no inferior al dos por ciento para ser
cubiertas por las mujeres víctimas de violencia de género.
CSI-F pide al Ministerio de Sanidad que valore esta
propuesta en el marco de las reuniones que va a llevar a
cabo para afrontar el repunte de este problema, que han
comenzado con el Observatorio Estatal de la Violencia de la
Mujer.
Esta medida va dirigida a ofrecer una salida laboral digna a
estas mujeres o ayudarles a continuar con su carrera
profesional. Cada administración pública adoptaría las
medidas precisas para preservar la confidencialidad de los
datos personales a lo largo de todo el proceso selectivo y
una vez conseguida la plaza.
CSI-F ha trasladado esta propuesta a la Comisión de Igualdad
para combatir la violencia de género y promover la igualdad
y la conciliación en las administraciones públicas y que
espera abordar próximamente con los grupos parlamentarios.
CSI-F también plantea la elaboración de un protocolo en el
conjunto de las administraciones públicas para prevenir los
casos de violencia de género y en último término la muerte
de mujeres a manos de su pareja, favoreciendo la movilidad,
preservando la confidencialidad y sus condiciones laborales
y sin merma retributiva.
Las propuestas incluyen asimismo una modificación de la Ley
de Familias Numerosas para incluir en esta definición a las
familias constituidas por víctimas de violencia de género,
es decir, mujeres que están a cargo de sus hijos tras la
separación u orden de de alejamiento.
Por esta medida fue preguntado el presidente autonómico del
CSI-F en Ceuta, Ricardo Martínez, quien aseguraba a EL
PUEBLO que “esta medida pretende paliar una situación
terrible por la que desgraciadamente pasan muchas mujeres en
nuestro país. Se trata intentar, de algún modo, facilitar a
estas mujeres una salida laboral o la continuación con su
carrera laboral, tras haber sufrido este tipo de situaciones
tan complicadas. Por supuesto preservando en todo momento el
anonimato y garantizando que, ni antes, ni durante, ni
después del proceso se conocerían sus datos personales”.
Pero además de esto, Martínez asegura que han puesto sobre
la mesa “otro tipo de medidas que buscarían prevenir los
casos de violencia de género y sus fatídicas consecuencias,
favoreciendo la movilidad, y siempre preservando la
confidencialidad y las condiciones laborales”.
Para finalizar, Martínez resalta que “de llegar a buen
término la negociación supondría un importante avance en la
protección de las mujeres víctimas de violencia de género”.
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