UGT ha manifestado a través de un comunicado de prensa que
la convocatoria de Formación Profesional para el Empleo
2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado supone una
transición hacia un modelo más orientado a la vinculación de
formación y empleo.
En este sentido, desde la central sindical recuerda que la
Seguridad Social recauda para Formación Profesional un 0,7%
de la masa salarial pagada por empresarios y por
trabajadores. Asimismo, destaca que el Gobierno se ha
comprometido a modificar, a través del Diálogo Social, los
mecanismos de gestión del subsistema de Formación
Profesional para el Empleo a partir de 2015. Gracias a la
formación continua, en la que ha participado activamente
UGT, se ha llegado a formar anualmente a casi 5 millones de
trabajadores. Pese a todo, todavía hay 12.374.600
trabajadores sin ninguna competencia profesional reconocida.
El sindicato destaca que los agentes sociales tendrán un
papel esencial en la reforma del sistema de Formación para
el Empleo y confía en que los V Acuerdos nacionales se rijan
por los principios acordados para el nuevo modelo, cuyo
objetivo es mejorar la eficiencia y transparencia del
sistema.
La convocatoria de Formación Profesional para el Empleo
2014, aprobada por unanimidad por las organizaciones del
Pleno del Patronato de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo, que se celebró el 1 de agosto,
marcan un antes y un después en el sistema vigente de
gestión de unos fondos que provienen esencialmente de la
cuota de Formación Profesional, el 0,7% de la masa salarial,
pagada por empresarios y por trabajadores, cuya recaudación
se realiza a través de la Seguridad Social.
Esta convocatoria, tal y como manifiesta UGT, mantiene los
principios reguladores vigentes hasta ahora, por los que los
Agentes Sociales son considerados solicitantes válidos en la
formación destinada a trabajadores ocupados. Sin embargo,
los interlocutores sociales y el Gobierno, modificarán, a
partir de 2015, desde el Diálogo Social, la gestión del
subsistema de Formación Profesional para el Empleo de tal
forma que se garantice “una financiación suficiente, estable
y equitativa, bajo el respeto de la unidad de caja y el
carácter finalista de la cuota de formación profesional, que
deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva
abierta a todos los proveedores de formación, públicos y
privados, acreditados conforme a la normativa vigente, para
la impartición de toda la programación formativa de las
distintas Administraciones públicas; la estabilidad,
seguridad y certidumbre para hacer posible una planificación
estratégica y promover la inversión en recursos formativos;
la coordinación y la cooperación interadministrativa para
ganar en la optimización de los recursos destinados al
sistema; el impulso a la formación programada por la empresa
para sus propios trabajadores, con la participación de la
representación legal de los trabajadores, como vía ágil y
flexible de responder a las necesidades más inmediatas y
cercanas a empresas y trabajadores; y el refuerzo de los
sistemas de información, el seguimiento y control, la
evaluación permanente en todas las etapas del proceso
formativo, incluida la adecuada medición de su impacto y el
compromiso con la mejora continua, en el marco de los
instrumentos que se acuerden y cuenten con la presencia de
la Administración y de las organizaciones sindicales y
empresariales.
Igualmente, desde UGT se ha resaltado que los principios que
seguirán presidiendo el sistema y a los que los agentes
sociales no renuncian son el ejercicio del derecho
individual a la formación profesional para el empleo; la
garantía y la igualdad en el acceso de los trabajadores y
las empresas a una formación vinculada a las necesidades de
los mismos; la unidad del mercado de trabajo y la libre
circulación de los trabajadores en el desarrollo de las
acciones formativas; la negociación colectiva y el diálogo
social como instrumento de desarrollo del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral; y
la participación activa de los Agentes Sociales en el
gobierno del sistema, y en particular en el diseño,
planificación, programación, control, seguimiento y
evaluación de la oferta formativa, especialmente en la
dirigida a los trabajadores ocupados.
Finalmente, en este sentido, UGT ha destacado que ha actuado
y seguirá actuando en colaboración con las Administraciones,
realizando un servicio público para la formación de los
trabajadores.
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