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Las viviendas ilegales se han
convertido en la asignatura pendiente del Gobierno de Juan
Vivas. Desde hace décadas, la barriada del Príncipe ha ido
creciendo al margen de la legalidad. Poco a poco, a la
sombra y en silencio, han ido surgiendo nuevas casas, en
cada rincón, esquina y solar, sin ningún control, hasta que
se ha convertido en un problema que desde el Ejecutivo no
han sabido afrontar. Ahora con el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), que el Gobierno ha aprobado de forma inicial
en solitario, se pretende dar una solución a este lacra que
se ha arrastrado ya demasiado tiempo. No es tarea fácil y
desde el Gobierno lo han reconocido. Pero esto no es
suficiente. Los vecinos de la barriada, y de toda la ciudad,
esperan hechos porque ya están hartos de palabras que al
final se las termina llevando el viento, de levante o de
poniente, da igual, porque en el Príncipe siempre se han
quedado esperando. Acometer una regularización ‘en bloque’
como han planteado desde Fomento es complicado y, sobre
todo, un proceso largo que no se culminará en esta
legislatura, y puede que tampoco en la siguiente, pero eso
no debe ser óbice para que el Ejecutivo asuma esta
asignatura pendiente y se ponga a ‘hincar codos’ para
recuperarla en septiembre. Y es que, la convocatoria de
junio ya pasó hace tiempo. Demasiados años se han dejado
transcurrir sin dar tampoco una respuesta a la ordenación
urbanística Varios han sido los consejeros que han toreado
el PGOU pero que no han sabido entrar a matar. Ahora, Susana
Román, al frente de Fomento, se ha puesto a ello. Desde la
oposición no confían en que lo lleve a buen término. Y es
que, las elecciones están demasiado cerca y el riesgo es que
este instrumento, tan necesario, caiga en el juego
electoralista. Los ciudadanos, mientras, miran con recelo
este proyecto que determinará el futuro a corto y medio
plazo de la ciudad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
