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El proyecto de Orden ministerial presentado por el Gobierno
el 28 de julio de 2014 para regular procedimientos
especiales para el desarrollo y aplicación de lo previsto en
el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se
regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de
la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos, no es más que un nuevo recorte en el Sistema
Nacional de Salud por la vía de excluir del sistema
numerosos colectivos que hasta ahora estaban protegidos.
UGT rechaza estar orden porque rompe la universalidad, la
solidaridad, la equidad y el derecho a cobertura del sistema
y apuesta por un modelo que consolida la exclusión de
colectivos como los inmigrantes en situación irregular o los
españoles mayores de 26 años sin cotización mientras que
dificulta el acceso a la sanidad de otros grupos como las
personas con discapacidad, algo que es contrario tanto a la
Carta Social Europea como a la Ley de Salud Pública de 2011.
Además, el sindicato considera que estas modificaciones
retrotraen el sistema sanitario a un modelo de aseguramiento
similar al vigente en los años setenta y principios de los
ochenta, antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad
de 1986.
De esta manera, la sanidad deja de ser pública, universal y,
a pesar de ser financiada por los impuestos de la
ciudadanía, deja de ser gratuita en el momento de su uso y
se convierte en una sanidad para asegurados y beneficencia.
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union general de trabajadores
