Desde el pasado 1 de agosto, la Escuela Infantil ‘La Pecera’
no tiene actividades por la tarde. La empresa Arasti-Barca
ha decidido despedir a las 16 trabajadoras que durante este
turno se encargaban de las actividades y las afectadas han
denunciado que esta situación se debe a que el único
criterio que se fija en el concurso que está abierto para
adjudicar el servicio de esta escuela es el económico y por
tanto, se busca ahorrar costes. El personal integrado por
las 16 trabajadoras de ’La Pecera’, ya conocidas como la
marea azul, ha decidido hacerse oír, al ser ya definitiva la
finalización de sus contratos y haber firmado ya la carta de
despido el viernes día 1 de agosto. Así, mediante un
comunicado han explicado que Arasti-Barca, ante la
posibilidad de no ser la empresa ganadora del proceso de
licitación, se ha visto obligada a comunicar con antelación
la finalización de sus contratos, al no estar incluidas las
actividades desarrolladas por estas trabajadoras en el
pliego de condiciones publicado.
La labor que estaban desempeñando desde noviembre de 2011
con Arasti-Barca daba cobertura a un total de 150 alumnos, a
un precio muy accesible, a familias con escasos recursos
económicos, y ahora ha desaparecido, “privando de este
servicio lúdico, educativo, dinámico, atractivo, innovador y
eficaz a numerosos alumnos que durante tres cursos han
estado disfrutando de múltiples actividades”, lamentan estas
trabajadores. Y es que, señalan como los resultados han sido
“satisfactorios y elogiados por los beneficiarios”.
Oídos sordos del Gobierno
“El Gobierno de la Ciudad, motivado por el único interés de
recortar los gastos en la externalización de este servicio,
no solo ha desoído las protestas de estas profesionales,
sino que le ha importado muy poco que se deje de prestar
este servicio a las familias”, denuncian las afectadas.
Además, le recriminan al Ejecutivo que haya determinado como
único requisito para gestionar la Escuela Infantil “hacerlo
al precio más bajo, sin importarle que se destruya la
calidad del servicio, que hasta la fecha era muy alto”. “El
Gobierno de Vivas ha decidido que desde el curso que viene,
se priorice el gastar menos dinero, a la calidad del
servicio prestado a los menores matriculados en el centro,
ya que la empresa que empiece a gestionarlo será la que haya
hecho el presupuesto más bajo”, lamentan a la vez que
advierten de la situación a los usuarios.
La ‘marea azul’ teme que el proceso de licitación no sea un
proceso transparente y traslada sus sospechas de que existen
“intereses ocultos”, ya que en el transcurso de los tres
años de existencia de la escuela han vivido situaciones de
constantes denuncias por su situación laboral por parte de
los partidos políticos de la oposición y por los sindicatos,
y así lo recuerdan. Además, estas denuncias fueron el motivo
por el que se sancionó a la empresa Arasti-Barca, que tuvo
que pagar una multa y se interrumpió su gestión. Ahora, las
trabajadoras dicen observar con asombro cómo “tanto
oposición como sindicatos guardan silencio ante sus despidos
y como permiten, sin hacer el menor ruido, que en el proceso
de licitación desaparezca la prestación del servicio que
hasta ahora estaban desarrollando”. A esto se le suma que en
plena licitación el director de la Escuela Infantil Juan
Carlos I, se personase en La Pecera con los responsables de
una de las empresas licitadoras para enseñarle las
instalaciones, según explican para alertar de que este hecho
no ha ocurrido con el resto de empresas, evidenciándose así
un “presunto trato de favor”.
También quieren destacar que la empresa Arasti-Barca,
solicitó por escrito a la Ciudad, que en el pliego de
condiciones para la gestión de la Escuela Infantil se
contratase a todas las trabajadoras que integran la
plantilla, sin hacer distinción, incluidas las trabajadoras
de las actividades extraescolares, pero “una vez más la
Ciudad hizo caso omiso, y de forma deliberada excluyó de
dicho pliego a estas trabajadoras”, lamentan. Pero advierten
de que continuarán luchando no sólo por los puestos
trabajos, sino también para conseguir que los padres de los
alumnos matriculados en el centro “conozcan las intenciones
del Gobierno”.
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