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La Secretaría de Acción Sindical de UGT señaló ayer a través
de un comunicado de prensa su satisfacción después de que el
Gobierno se haya “comprometido a mantener un proceso de
diálogo social sobre el proyecto de reforma fiscal” aprobada
el pasado viernes en Consejo de Ministros. “Un proceso que
ya ha dado un importante resultado”, al obligar al Gobierno
a “elevar el límite exento de tributación en las
indemnizaciones por despido hasta 180.000 euros”. De esta
forma, “se ha convencido al Ejecutivo de que iba a cometer
una injusticia, castigando a los trabajadores despedidos
obligándoles a tributar”.
En este sentido, desde la Secretaría de Acción Sindical se
ha señalado que “UGT ha desarrollado diversas propuestas
durante este proceso de diálogo. En primer lugar, se ha
conseguido que se equiparara al conjunto del país con los
regímenes forales en relación al tratamiento que se da al
despido en el País Vasco y Navarra”.
En segundo lugar, “que la norma no tenga carácter
retroactivo cuando se apruebe definitivamente en el
Parlamento y, finalmente, que aquellos trabajadores que
hayan sido despedidos y que estén sujetos a un plan de
rentas se les aplique la norma más favorable al momento en
el que pactaron y comunicaron a la autoridad laboral sus
despidos para esos planes de rentas”.
El sindicato ha manifestado que el Gobierno debe respetar
este proceso de diálogo social, en el que UGT defiende para
nuestro sistema tributario un triple objetivo, “aumentar la
recaudación, de manera que se puedan atender las necesidades
sociales y financieras que tiene nuestro país; hacer que el
sistema tributario español sea más justo, de forma que el
capital y las rentas altas paguen más; y centrar la lucha
frente el fraude y la evasión fiscal, que está minando
nuestros ingresos y la justicia de nuestros impuestos”.
Todo ello con el fin de “garantizar una oportunidad de que
España tenga una economía avanzada, que se impulse la
creación de empleo y el crecimiento económico y se
desarrolle la justicia social a través de impulsar unos
servicios públicos esenciales y un sistema de protección
social suficiente”.
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union general de trabajadores
