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La situación que se ha dado con
las controversías desatadas entre los sindicatos y ACEMSA
sobre el agua de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
para el baldeo de nuestras calles y la denuncia que detectó
riesgos cancerígenos, ha supuesto una polémica por parte de
la Ciudad que si bien en un principio, como prueba de que no
las tenían todas consigo, evitaron utilizar el agua de la
EDAR, después han querido echarle valor y han arremetido
contra el sindicato UGT. Y no le falta razón a esta central
sindical al decirle al gerente de ACEMSA, que cuando afirma
que dicha agua es apta para beber, que se eche un trago para
demostrarlo al igual que Manuel Fraga en los años 70 se bañó
en Palomares para demostrar que no había radiaciones tras la
bomba radioactiva que cayó en la localidad almeriense.
El problema de esta situación es de credibilidad del
Gobierno que ha pretendido que se hiciera una prueba de fe
para confiar en su versión; algo que resulta imposible tras
los numerosos casos de descrédito de los que ha dado
muestras. No deja de ser grotesco que se hable de exigir
responsabilidades al sindicato UGT por crear alarma social,
cuando este Ejecutivo no ha sido capaz, hasta última hora de
anoche, de desvelar la identidad del laboratorio que les
realiza los análisis, como si fuera un secreto de Estado y
cuando se está hablando de la salud de las personas. No se
entienden tantas cautelas, ocultismo o tan poca claridad
cuando se está seguro de lo que se dice y se puede probar.
En cualquier caso, entre optar por la alarma si ésta ha
servido para prevenir o sufrir, a hechos consumados, lo que
se denuncia, preferimos la primera opción. El ciudadano
tienen derecho a saber y a verse protegido.
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OPINIÓN / EDITORIAL
