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La Delegación del Gobierno de Ceuta remitió ayer un
comunicado de prensa a través del cual destacaba que las 45
entidades financieras adheridas al Código de Buenas
Prácticas (CBP) para la reestructuración viable de las
deudas hipotecarias sobre vivienda habitual han recibido
23.983 solicitudes desde marzo de 2012, fecha en la que se
puso en funcionamiento,hasta mayo de este año. De esa cifra,
en 6.498 casos se ha reestructurado la deuda; es decir, se
han dado mayores facilidades para el pago de la hipoteca sin
el abandono de la vivienda.
En otros 2.124 casos el acuerdo se ha cerrado con la dación
en pago, medida que supone la liquidación de la deuda y la
entrega del inmueble a la entidad financiera. Además, el
Fondo Social de Viviendas (FSV) ha proporcionado 927
viviendas con alquiler reducido. Además, se han suspendido
más de 10.000 lanzamientos desde la entrada en vigor de la
normativa destinada a este fin. En total, 19.500 familias en
dificultades se han beneficiado de las distintas medidas
puestas en marcha por el Gobierno para paliar los efectos de
la crisis en este ámbito.
Al CBP están adheridas prácticamente todas las entidades
financieras de forma voluntaria, aunque los compromisos a la
hora de facilitar soluciones al problema de los desahucios
pasan a ser obligatorios cuando se suscribe el código. Los
datos de solicitudes vuelven a reflejar un progresivo
aumento. En el primer año de aplicación, por ejemplo, se
recibieron 4.385 solicitudes mientras que solo en el mes de
mayo de 2014 estas han ascendido a 2.027. La mayor acogida
de las medidas incluidas en el CBP se explica por las
mejoras introducidas en la Ley 1/2013 de 14 de mayo que
supusieron ampliar y flexibilizar las actuaciones de
protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con
ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al CBP, cuando antes
debían carecer de rentas. La unidad familiar debe sufrir una
alteración significativa de las circunstancias económicas
durante los últimos cuatro años y su cuota hipotecaria ha de
superar el 50% de los ingresos netos, entre otras
modificaciones.
El CBP funciona en paralelo al Fondo Social de Viviendas (FSV)
al que 33 entidades financieras han aportado 6.000 viviendas
con el fin de proporcionar un techo a familias en situación
de especial vulnerabilidad. Los beneficiarios pagan un
alquiler reducido, entre 150 y 400 euros al mes e incluso
por debajo en circunstancias especiales. Desde su puesta en
funcionamiento (enero de 2013) hasta mediados de este mes de
julio se han recibido 1.789 solicitudes de viviendas, se han
adjudicado 927 y se han firmado 695 contratos.
En mayo de este año, el Gobierno decidió ampliar los
supuestos para acogerse al FSV mediante un nuevo convenio
con las entidades financieras.
El nuevo convenio permite que personas o familias puedan
mantenerse en la vivienda que habitan, aunque la hayan
perdido como consecuencia de una ejecución forzosa y después
de que haya sido adjudicada. También se abrió esta
posibilidad para las daciones en pago.
El FSV está destinado a aquellos que, como consecuencia de
un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de
enero de 2008.
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Ampliadas las circunstancias que dan derecho a solicitar una
vivienda
Además, desde la Delegación del
Gobierno de Ceuta se ha resaltado que se ampliaron las
circunstancias personales y familiares que dan derecho a
solicitar una vivienda al FSV. Estas son las siguientes:
Unidades familiares con hijos menores de edad (18 años);
Personas en situación de dependencia o con discapacidad para
las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los
Servicios Sociales competentes, un activo indispensable para
el mantenimiento de su inclusión social y autonomía;
Personas mayores en situación de prejubilación o jubilación
que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o
nietos; Otras personas o unidades familiares con
circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las
anteriores, previo informe de los Servicios Sociales; Otros
requisitos anteriores como situación de desempleo y sin
prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o
violencia de género.
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medidas
