Asistimos a un momento histórico de regresión democrática en
el que el Gobierno, ante la inevitable contestación popular
provocada por su brutal y antisocial política de recortes y
expolio, responde a base de miedo y represión.
Hace una semana, la Audiencia de Granada suspendía la
ejecución de la pena de Carlos Cano, el joven cordobés
licenciado en medicina condenado a tres años de cárcel por
su participación en un piquete informativo durante la huelga
de 2012. Aun así, nadie le libró de pasar unas cuantas
noches entre rejas en un país en el que los banqueros
chorizos y los corruptos campan a sus anchas.
En Ceuta, esta actitud antidemocrática y autoritaria alcanza
su máxima representación a través de la figura de un
Delegado de Gobierno que hace todo lo posible por silenciar
las manifestaciones que no le agradan, que hace de la
chulería la característica principal de su gestión. Hace
meses, en una concentración por la Educación Pública, la
Policía se dispuso a multar al trabajador que colocó el
dispositivo de sonido para la lectura de un manifiesto.
Tenían órdenes de hacerlo. Meter miedo, que nadie se
movilice, que nadie hable. Eso es lo que pretende este
Delegado de Gobierno orgulloso de haber ocupado un escaño en
el Congreso el trágico día en que su partido, en bloque,
votó a favor de apoyar la masacre contra el pueblo irakí. No
olvidamos.
Las últimas víctimas del señor Francisco Antonio han sido
Juan Luis Aróstegui, Mohamed Alí, nuestro compañero Julio
Basurco y dos activistas más. ¿El motivo? Protestar contra
el ministro José Ignacio Wert y defender lo de todos y
todas.
Queremos comunicarle al señor Delegado y a todo el Partido
Popular que no pensamos dejar solos a nuestros compañeros.
Sabemos que lo que más les molesta a aquellos que desean
destruir todo vínculo social son las muestras de solidaridad
por parte de una ciudadanía harta de cínicos, de corruptos,
de caciques, de prepotentes. No les han multado a ellos. Nos
han multado a tod@s…y estamos orgullos@s. No pensamos
quedarnos de brazos cruzados mientras el Partido Popular
elimina el derecho a huelga, prohíbe el de manifestación y
limita la libertad de expresión que tanto sacrificio costó a
nuestros padres y abuelos. Podrán multarnos mil veces más,
pero no nos callarán.
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