Una solución para el Príncipe y la regularización de las
viviendas. Esto es lo que exige Caballas ante el futuro Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) y así lo ha reclamado a
través de un comunicado. Los localistas señalan que,
teóricamente, el PGOU debe plantear soluciones a los
problemas de desarrollo urbano de la ciudad y, para ellos,
no cabe “la menor duda de que uno de las zonas más
conflictivas, desde el punto de vista urbanístico, es la
zona del Príncipe Alfonso, Arcos Quebrados y Loma de las
Lanzas”. “El desorden provocado por una política de abandono
practicada durante décadas, requiere una actuación urgente y
ambiciosa que, respetando los derechos de los ciudadanos,
regenere aquella zona dotándola de las condiciones urbanas
precisas para alcanzar parámetros de calidad equiparables a
los del resto de la Ciudad”, advierten desde Caballas.
Sin embargo, para los localistas la propuesta de PGOU que
apoya el Gobierno de la Ciudad “se inhibe completamente”.
“El Gobierno no asume ningún compromiso”, lamentan y añaden
que no se puede pretender dar solución a tan complejo
problema con un máximo de 600 viviendas en la zona de Arcos
Quebrados (sin garantizar su financiación), calificando de
suelo urbanizable programado la Loma de las Lanzas (con una
edificabilidad muy baja); y remitiendo el Príncipe a un
planeamiento posterior, pero fijando un parque total de
viviendas de 1.800.
“Este planteamiento supone, en la práctica, renuncias a
solucionar el problema de aquella zona”, aseguran desde
Caballas y señalan: “Es más, empeora las cosas
sustancialmente, ya que no garantiza el derecho a la
vivienda de todos los ciudadanos que allí residen
actualmente, y propone un sistema de expropiaciones que
puede ocasionar enormes dificultades para muchas familias
afectadas”.
Así, ante esta situación, Caballas exige al Gobierno de
Vivas que cumpla el acuerdo de “regularización de las
viviendas del Príncipe”, adoptado por el Pleno de la
Asamblea hace ya seis años y ante el que no se ha hecho
“absolutamente nada hasta la fecha”, y con posterioridad se
traslade al PGOU una “solución realista, con proyección de
futuro y respetuosa con los derechos de los vecinos”.
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