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Está meridianamente claro que a este gobierno no le gusta
nada la libertad de expresión.
Las políticas represivas de sus departamentos ministeriales,
encabezadas por su ministro de justicia que elabora una tras
otra “reformas” para lograr la absoluta impunidad
(tribunales a medida, aforamientos, indultos…) y el
silencio, es obvio que están impregnando a todos los que
ostentan algo de poder o manejo.
Está también claro, que se ha transformado el concepto de
político como servidor público, a favor del de político como
la reencarnación de un virrey, ese concepto también está
instalado en nuestra ciudad, en la que observamos la
adopción de decisiones claramente impropias de un régimen
democrático.
Los docentes ya “sufrimos” la aplicación implacable y
subjetiva de unas normas para impedir una manifestación
(curiosamente lograron que su posterior celebración fuese la
más exitosa de las celebradas en Ceuta), posteriormente se
amenazó a un trabajador, cuyo delito era “ocupar” la vía
pública con unos altavoces con los que se pretendía leer un
manifiesto, para recientemente sancionar al presidente de la
Junta de Personal Docente por convocar una rueda de prensa
en la calle y manifestar su disconformidad con la política
ministerial.
Nos hemos quedado sin adjetivos para calificar semejante
arbitrariedad.
Un ministro que vino a Ceuta a “lucirse”, a inaugurar
instalaciones que ni él, ni su equipo propiciaron.
Un ministro que no se detiene en visitar un aula de
educación infantil de 3 años, con treinta niños y con
distinta lengua materna, que no se interesa lo más mínimo
por ver otras visiones de la educación que la que le
transmiten los de siempre, que no presta en su agenda la más
mínima atención a los colectivos representantes de la
comunidad educativa (padres, profesores, alumnos…), es obvio
que tenía que conocer, al menos en parte, el enorme
descontento y rechazo que generan sus políticas educativas y
la gestión de las mismas.
Si la Junta de Personal Docente convocó, en el legítimo
ejercicio de su libertad de expresión, esa rueda de prensa,
a esa hora y en ese lugar fue, entre otras cuestiones,
porque ni el ministro ni sus colaboradores, en su habitual
concepción de la participación y la democracia, se
cuestionaron la posibilidad de recibir a los representantes
del profesorado.
Resulta evidente, que como todos ellos sabían el contenido
de lo que se le iba a transmitir, intentaron por todos los
medios coartar esas manifestaciones.
Ahora, completan el cuadro con una vuelta de tuerca más a la
represión, con la aplicación de la ley del silencio
sancionando al presidente.
Allí estuvimos todos, estábamos todos los representantes de
los sindicatos integrantes de la Junta de Personal, por
tanto todos somos responsables y corresponsables del
“delito” de intentar manifestar públicamente nuestra
opinión.
Si ahora esto es punible, todos deberemos ser sancionados.
Será un inmenso orgullo para nosotros recibir esa
“distinción” de este incalificable gobierno.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
