La coalición Caballas volvió a arremeter ayer contra el
Gobierno de la Ciudad y su intención de aprobar el PGOU en
un pleno que se celebrará el próximo mes de agosto.
En este sentido, para Caballas resulta “un sarcasmo oír al
Gobierno de la Ciudad argumentando la ‘necesidad’ de aprobar
el PGOU, para justificar que se convoque un pleno en agosto
después de más de seis años de espera”, ya que “el vigente
PGOU está caducado desde el año 2000. Juan Vivas Gobierna
desde entonces ¿Quién es responsable de la demora?”, se
pregunta la coalición.
De otro lado, ante la respuesta del Gobierno de la Ciudad,
en relación con la “operación Ducar”, denunciada a los
ciudadanos por Caballas, los localistas defienden que “no
miente, ni ahora, ni nunca”, y que el PGOU “dice
exactamente” ha explicado. Para la coalición Caballas la
“defensa del Gobierno se basa en un hipotético Convenio que
no existe”.
Ante esta situación Caballas se pregunta “con sentido
común”, “¿por qué motivo no se firma el Convenio con la
empresa antes de aprobar el PGOU? ¿No sería más lógico
garantizar la defensa del interés general previamente a la
aprobación del documento? Es preciso recordar que este texto
se redactó en el año 2008. ¿No han tenido tiempo en seis
años de acordar los términos del convenio?”.
Empresa Cepsa
Además, Caballas también hace referencia a que la propuesta
de PGOU del Gobierno, contempla la recalificación de los
terrenos en los que está instalada la empresa Cepsa (en
Playa Benítez), “que pasaría del uso industrial con de
escaso valor que tiene autorizado actualmente, a uso
residencial y comercial de gran valor”.
La coalición explica que el PGOU “autorizaría” en aquella
parcela “una edificabilidad de 88.000 metros cuadrados,
36.000 para vivienda y 52.000 para un centro comercial”.
Según Cabllas la plusvalía que puede generar esta “operación
urbanística”es incalculable (dependiendo de las
características del centro comercial); pero una primera
estimación podría situarla en torno a los 40 millones de
euros”, afirmando que “el Ayuntamiento no percibirá ni un
solo euro.”
Caballas carga también contra la empresa Cepsa, “que obtiene
unos beneficios anuales de, aproximadamente, cuatro millones
de euros”, y es además “la empresa a la que el Ayuntamiento
ha autorizado la subida de la bombona en dos euros, y le ha
reconocido una supuesta deuda de 1,4 millones de euros”.
Caballas asegura en su comunicado que “se opondrá
rotundamente a que este tipo de operaciones especulativas,
que perjudican claramente el interés general, se puedan
materializar”.
¿Área urbana?
Por último, la coalición se cuestiona: ”¿El Puerto se
considera una zona fuera del área urbana? ¿En qué Ciudad
viven los miembro del Gobierno? ¿Quién va a autorizar la
instalación de esta empresa en el Puerto, tras haber
rechazado por ilegal la instalación de la Planta de
Biodiesel en el mismo lugar? Hay que recordar que este
asunto está en los juzgados.
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