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La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu,
asistió ayer en Madrid a la Conferencia Sectorial de
Igualdad, que presidió la secretaria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y en la que se acordó
la ampliación del crédito destinado a la asistencia integral
de las mujeres víctimas de violencia de género y a los
menores a su cargo. Se trata de un aumento de 300.000 euros,
lo que eleva el importe total de dichas transferencias a 4,3
millones de euros. De esta cantidad, algo más de 77.000
euros será lo que le corresponda a la Ciudad Autónoma de
Ceuta, lo que supone un incremento de alrededor de un 50 %
en relación al año pasado.
Por este motivo, la consejera ha destacado el “sobre
esfuerzo” realizado desde el Ministerio para aumentar el
crédito a repartir entre las regiones, y ha recalcado la
“sensibilidad” de este departamento al “sumar las
peculiaridades” de Ceuta después de que se hayan
incrementado la cuantía que reciben en 25.000 euros. “Ceuta
tiene una elevada densidad de población y una población
flotante diaria de entre 20.000 y 25.000 personas, y muchas
de ellas son usuarias de los servicios de asistencia
integral a la mujer”, ha manifestando en relación al
argumento expuesto por la Ciudad para el reparto de ese
fondo adicional de 300.000 euros que se ha realizado
aplicando criterios distintos al de la población.
Asimismo, en la Conferencia Sectorial se aprobó un Protocolo
de derivación a casas de acogida de las mujeres que han
sufrido la violencia de género, así como de sus hijos e
hijas. El documento acelerará los plazos de tramitación de
desplazamiento entre centros de acogida hasta un máximo de
15 días. La interconexión entre comunidades y las propias
casas acerca de su disponibilidad de plazas y de los
recursos que ofrece permitirá en un periodo muy breve
proceder al desplazamiento. Desplazamiento que se efectuará
sobre los principios de celeridad, seguridad y
confidencialidad, y con un aspecto a tener en cuenta: si la
mujer no cuenta con recursos económicos suficientes, la
comunidad de la que procede se encargará de los gastos del
viaje. Se abre la opción de que tanto ésta como la comunidad
de recepción acuerden el reparto de los costes.
También asumirá la comunidad de origen el gasto que
ocasionen los viajes de regreso por obligación del proceso
judicial o por causa debidamente justificada. En este caso,
y en atención a la máxima de la seguridad, la comunidad
afrontará también los gastos del alojamiento.
Por otro lado, una vez finalizada la estancia en la casa de
acogida de acuerdo con los criterios de los especialistas,
la mujer podrá decidir si se instala en la comunidad que la
acogió, en cuyo caso ésta pondrá a disposición la
información sobre sus recursos y aplicará los que le
corresponda, tanto a ella como a sus hijos. Porque ésta ha
sido también la premisa del Ministerio y de las Comunidades
y Ciudades Autónomas reunidas en la Conferencia Sectorial:
la atención a los menores y la presencia junto a su madre.
Con esta aprobación se avanza de manera definitiva en el
establecimiento de una verdadera Red Nacional de Centros de
Acogida y se produce una mejora sustancial de la
coordinación entre las distintas redes autonómicas, y con
ello en la protección y la seguridad de las víctimas y de
los menores a su cargo, así como en facilitar su
recuperación integral.
Pautas de intervención integral
La Conferencia Sectorial sirvió también para presentar a los
gobiernos autonómicos las “Pautas comunes para la
Intervención integral e individualizada con mujeres víctimas
de violencia de género sus hijos e hijas y otras personas a
su cargo”. Las Pautas, fruto de la colaboración y las
aportaciones realizadas por las autonomías, se presentan con
el fin de que contribuyan a realizar una intervención
personalizada y multidisciplinar con las víctimas de
violencia de género y sus hijos e hijas. Tanto el Ministerio
como las Comunidades y Ciudades Autónomas pretenden, de este
modo, una atención integral acorde a las necesidades del
proceso recuperatorio. La Propuesta incide en dos elementos
esenciales para satisfacer de manera eficaz tales
necesidades: la coordinación de las intervenciones de los
distintos profesionales que participan, evitando
revictimizaciones a las mujeres, y la definición de unos
objetivos hacia la recuperación de las víctimas (mujeres e
hijos) sobre la base de la asistencia psicosociales,
laboral, educativa y sanitaria.
Asimismo y por primera vez se incluye en la agenda de
trabajo común con las Comuniagenda y Ciudades Autónomas, la
atención específica a otras formas de violencia contra la
mujer, como es la mutilación genital femenina, en
consonancia con la Estrategia Nacional para la Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres 2013–2016. Las
administraciones, en consecuencia, se coordinarán para
plasmar las actuaciones autonómicas efectuadas al respecto,
y se creará un nuevo grupo de trabajo on-line para el
intercambio de información y documentación relevante.
Por otro lado, acerca de la lucha contra la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual, continuando la
colaboración iniciada en la Conferencia Sectorial de 2012,
un grupo de trabajo procederá a la actualización de la Guía
de Recuros autonómicos dirigidos a las víctimas.
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