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Las acusaciones realizadas este fin de semana por la
formación localista de Caballas en relación al documento del
Plan General de Ordenación Urbana que el Gobierno de la
Ciudad va a someter el próximo mes de agosto a la aprobación
inicial por parte del Pleno de la Asamblea fueron
respondisdas ayer por parte del Ejecutivo, que en una nota
de prensa emitida por el Gabinete hizo una serie de
puntualizaciones al respecto. En este sentido, desde el
Gobierno se explica que el documento del nuevo PGOU, que ha
sido actualizado por última vez este mismo mes, contempla
que la actividad industrial salga en la medida de lo posible
del área urbana. Este criterio, que viene avalado por el
sentido común ante el riesgo potencial que supone este tipo
de instalaciones además de la normativa, afecta a las
instalaciones de Ducar, pero también a otras como las de
Cepsa.
La polémica pues parece que está servida con el nuevo
documento urbanístico y sobre todo cuando Caballas dejó
entrever el domingo, a través de una nota de prensa que el
Gobierno de la Ciudad pretende recalificar en el documento
del avance del Plan treinta mil metros cuadrados propiedad
del ministro del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, que
también fue candidato de esta formación política en las
pasadas elecciones europeas. Los localistas señalaron en el
comunicado que el Ejecutivo ceutí “contempla la
recalificación de los terrenos de la empresa Ducar,
propiedad del ministro, tiene junto al Parque de San Amaro”
En este sentido, el Gobierno que preside Juan Vivas ha
respondido que la aplicación de este criterio, planteado por
el equipo redactor, de la empresa Prointec, supone en la
práctica obligar a las compañías afectadas a trasladarse a
una nueva ubicación y costearse esta operación. Y la
intención es que estas empresas se instalen en la zona de la
ampliación del puerto, que está destinada específicamente a
este tipo de usos y que está fuera del área urbana.
Zonas libres
Las zonas que dejaran libres estas empresas pasarían a tener
un uso propio del entorno en el que se encuentran, es decir,
residencial y comercial. El dinero obtenido por esta nueva
calificación urbanística serviría para financiar las nuevas
instalaciones que deberán construirse. Y todo ello quedaría
plasmado en un convenio, que es una fórmula que prevé la
propia legislación del suelo vigente en la actualidad.
Este convenio no puede permitir, por cuestiones legales, que
las empresas obtengan beneficio alguno, de modo que los
ingresos que se deriven deben ser destinados íntegramente a
financiar las nuevas instalaciones y, en su caso,
acompañados de aprovechamientos públicos que equilibren la
balanza. Así, es absolutamente falso que las compañías vayan
a obtener la más mínima rentabilidad económica en la
operación.
El Gobierno lamenta la maniobra torticera que está haciendo
Caballas para tratar de desacreditar la indiscutible
necesidad de contar con un nuevo planeamiento urbanístico.
En el caso que nos ocupa, la coalición solo puede estar
demostrando dos cosas: Un profundo desconocimiento de la
normativa urbanística o un absoluto desprecio a la verdad y
un afán por mentir con el objetivo de sacar rédito político.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, como no puede
ser de otra manera, plantea cambios de usos en algunos
terrenos, pero la única filosofía que se sigue es la del
interés general. En cualquier caso, identificar por
definición cualquier cambio de uso con una maniobra oscura
es tanto como defender la inmutabilidad del planeamiento,
algo que no respalda ni la legislación ni el sentido común.
De hecho, y como adelanto, las zonas verdes de Ceuta crecen
con el nuevo PGOU que se propone.
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Un documento que está abierto y que puede ser modificado
todavía
En cualquier caso, se trata de un
documento abierto que aún puede sufrir modificaciones y que,
de hecho, se someterá a exposición pública para que
cualquier entidad o particular pueda plantear sus
alegaciones y que, además, para su entrada en vigor debe
contar con el visto bueno del Ministerio de Fomento. El
Gobierno espera que la oposición se sume a este objetivo y
que plantee sus propuestas, en lugar de estar desacreditar
esta iniciativa con falsos argumentos.
La polémica pues ha saltado a la plaestra antes de que el
nuevo documento vea la luz y mucho antes de que ciudadanos,
colectivos, organismos y otros puedan opinar sobre el mismo
y, además, presentar las correspondientes alegaciones al
respecto, que se podrán hacer tras la aprobación inicial por
el Pleno de la Asamblea.
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