“Semiclandestino”, así ha calificado la coalición Caballas
el anuncio el Gobierno de aprobar inicialmente el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) en una sesión plenaria a
celebrar el próximo día siete de agosto.
Según afirma Caballas, “adoptar una decisión política de
esta trascendencia de manera precipitada y semiclandestina,
sólo se puede calificar de tremenda irresponsabilidad”.
Además, los localistas señalan que “el documento que se
pretende aprobar, elaborado en el año 2008, es un documento
obsoleto , ya que muchas de las medidas contempladas ya han
sido desechadas, incompleto, donde elementos claves están
sin desarrollar o simplemente son inexistentes, e
incoherente ya que entra en contradicción con otras
previsiones”.
Caballas destaca que “el modelo de desarrollo urbano no ha
sido sometido a debate y, lo que es aún peor, está fuera de
unas coordenadas económicas realistas, lo que lo convierte
en un montón de planos inservibles”.
“Para colmo de males -subrayan los localistas-, y por
aplicación del artículo 120 del Reglamento de Planeamiento,
automáticamente quedarán suspendidas las licencias en todas
las áreas sometidas a modificación, durante dos años. Esto
supone paralización de inversiones, un nuevo freno al
desarrollo de la Ciudad, más paro y más desesperación”.
Tras catorce años de retraso, y seis con el documento
“congelado”, las carreras de última hora “sólo se pueden
entender si se pretenden ‘encarrilar’ algunos pelotazos
antes de que termine la legislatura”, denuncia la coalición.
Explicaciones
Caballas exige al Gobierno que “deponga su actitud y que
este asunto se aborde con el rigor que merece”. Además pide
que “se explique bien a la ciudadanía lo que se quiere hacer
con la Ciudad, sin ocultar la verdad detrás de
incomprensibles mapas y datos técnicos y que se fomente un
debate constructivo, y que, en la medida de lo posible, se
busque el consenso”.
Caballas ha asegurado que comenzará una labor explicativa a
través de los medios de comunicación de “las consecuencias
que se derivan de las medidas contempladas en el documento
que se pretende aprobar”.
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“El Gobierno pretende recalificar 30.000 metros cuadrados
propiedad de Arias Cañete, ministro y candidato del PP”
Caballas amplió su denuncia
afirmando que “la propuesta de PGOU del Gobierno contempla
la recalificación de los terrenos que la empresa Ducar, cuyo
propietario es Arias Cañete, tiene junto al Parque de San
Amaro”. La coalición señala que “la parcela en la que están
actualmente los depósito de Ducar está calificada como ‘uso
industrial’ de escaso valor”, añadiendo que el Gobierno
“pretende calificarla como uso ‘residencial y comercial’, lo
que conllevaría un muy considerable incremento de su valor”.
Según Caballas el plan consiste en ceder a Ducar una parte
de la ampliación del puerto para instalar allí sus
depósitos, y una vez liberado el solar ya recalificado,
“especular con él para la obtención de pingües beneficios”.
“Es difícil calcular con exactitud el valor del ‘pelotazo’
subraya Caballas. Algunos expertos consultados por Caballas
estiman que el beneficio neto podría rondar los “20 millones
de euros”. Los localistas señalan que “este tipo de
operaciones no se conciben sin la existencia de un Convenio
Urbanístico que vele por los intereses generales y modere el
movimiento especulativo, reportando contrapartidas para la
Ciudad”. Caballas rechaza “rotundamente una recalificación
en estos términos, claramente lesiva para los intereses de
Ceuta, y que beneficia de manera directa a una empresa afín
al Partido Popular”.
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